Aún a riesgo de que suene a “palo porque bogas… palo porque no bogas”, diremos que el Ministerio de Agricultura y Ganadería está poniendo paños tibios al problema de fondo que afecta a la producción hortofrutícola nacional. ¿Cómo lo hace? Asumiendo un rol que no es el suyo. Recientemente, el MAG se congratulaba a sí mismo en una crónica oficial celebrando el “éxito rotundo” en las ferias de tomates organizadas por el ministerio. Los productores vendieron muy bien sus productos y todo el mundo contento. Pero ese no es el mundo real, que está en otra parte, muy lejos del voluntarismo oficial.
Los circuitos de comercialización de alimentos son uno de los troncales más importantes de la economía. Allí radica uno de los componentes más sólidos y expansivos en la generación de riqueza. Son una fuerza muy poderosa que si no se la equilibra, por impulso natural tiende a beneficiar solo a un extremo de la cadena. El balance es lo que cuenta.
Hay una pregunta que cada productor se hace con frecuencia y que generalmente no tiene una respuesta eficiente: ¿Cómo puede ser que un kilo de tomate que yo vendo en finca a 2.000 guaraníes llegue a costar 10.000 en la góndola de un supermercado? Llevaría horas y páginas enteras explicar cómo se produce este fenómeno aparentemente inexplicable. Intentaremos hacerlo aquí por la vía del ejemplo.
El 75% de los géneros frescos que se consumen en el gran Buenos Aires proviene del cinturón hortofrutícola que la rodea. Suena lógico y entendible. Lo que es más difícil de comprender es que ese sector está operado casi en su totalidad por bolivianos, quienes se han organizado en cooperativas y asociaciones y firmado un convenio con el gobierno autónomo de la capital y de la provincia de Buenos Aires para proveer, bajo ciertos patrones de calidad, precio y sostenibilidad, todas la frutas, hortalizas y verduras que demanda el conglomerado urbano de más de 12 millones de habitantes. En este caso, el estado provincial ha puesto lo suyo pero no para llevar de la mano a los productores sino para garantizarles un escenario propicio para vender sus productos. El resto lo hacen ellos mismos… organizándose.
Se trata de garantías de libre competencia, no de asistencialismo paternalista.
¿Se entiende la diferencia?
