Ser elegible aún sentenciado por algún delito
Lo malo no es sólo que un sujeto pueda hacer correr su candidatura a algún cargo elegible aunque esté purgando pena de cárcel por algún delito. Los astutos que redactaron los artículos 197 y 198 de la Constitución sabían muy bien que en el Paraguay son menos los casos de sentencias firmes y ejecutoriadas -por el delito que sea- que las que siguen rodando eternamente por los tribunales sin alcanzar ese estatus definitivo. Así, cualquier convicto puede lanzar su candidatura sin que la Justicia Electoral pueda rechazarla.
Pero lo verdaderamente malo es que el ciudadano, plenamente consiente de la catadura del candidato en cuestión, vaya y lo vote. Eso, más que al propio candidato, define al ciudadano que decide entregarle su representación a un reo de causa. ¿Cómo se sostiene tamaña contradicción?
Esto ocurre desde hace años en la política paraguaya. Tratar de explicar esta conducta colectiva recurrente requeriría estudios sociológicos mucho más profundos que un simple comentario editorial. Lo cierto es que hay temporadas en las que las listas de candidatos se parecen más a galerías de buscados por la justicia que una auténtica oferta electoral.
En algunos países se ha intentado cerrar el paso a procesados con sentencia en diversos estados de confirmación. Brasil, por ejemplo, tiene vigente la denominada Ley Complementaria 135/2010, o “de ficha limpia”, que prevé la inelegibilidad de candidatos que hayan incurrido en “delitos contra la economía popular, la fe, la administración y el patrimonio públicos, el patrimonio particular, el sistema financiero, el mercado de capitales y los previstos en la ley que regula la quiebra, así como contra el medio ambiente y la salud pública”. Como se vé, una amplia cobertura de ilícitos. Sin embargo, no fue eficiente para sacar de escena a Lula da Silva, a quien una sentencia del Supremo Tribunal de Justicia devolvió en abril pasado todos sus derechos cívicos.
Quienes defienden la inconstitucionalidad de cualquier prohibición de inscribir candidaturas de reos de causa alegan, y no sin razón, que para cerrar el paso a un aspirante a cargo electivo bastaría con iniciarle una querella un par de meses antes de las elecciones. Claro que para eso habría que contar con la complicidad de fiscales y jueces.
La cuestión es si eso sería posible en el Paraguay.
¿Usted que cree, amable lector?
