Esto tras los rumores de que él mismo cobró la totalidad de los ahorros que poseía en el ente, es decir, alrededor de US$ 4 millones (G. 27.240 millones). Esto, a pesar que el Fondo de Garantías de Depósitos (ley 2334) establece que solo puede ser devuelta la suma equivalente a 75 salarios mínimos (al cambio de aquel entonces era G. 136 millones).
Ante el pedido de Portillo, el BCP se negó a entregar los documentos alegando secreto bancario. Se presentó la reconsideración, pero el directorio volvió a negar. Entonces Portillo recurrió a la Justicia. En la primera instancia ganó Portillo. El juez sostuvo que la información relacionada al fondo de garantías no forma parte del secreto bancario, pero el Banco Central apeló. Finalmente, la Cámara de Apelaciones terminó confirmando la sentencia de primera instancia.
Ante esta situación, el BCP presentó una acción de inconstitucionalidad que fue contestada por Portillo bajo patrocinio de Ezequiel Santagada, su abogado defensor. La fiscalía recomendó que debe rechazarse la medida planteada por el Banco Central. En este estadio se encuentra el caso en la actualidad.
Lo último de este caso es que Corte Suprema de Justicia (CSJ), amplió la sala constitucional con el pleno de ministros para resolver el caso, ya que existe un interés público.
Además, por primera vez se enfrentan el acceso a la información pública y el secreto bancario. Todo esto ya fue notificado tanto a Portillo como al Banco Central. Como ninguna de las partes presentaron ninguna recusación, de un momento a otro la Corte resolvería por transparentar los documentos o rechazar el pedido.
SANTAGADA
Ezequiel Santagada, abogado de Portillo, señaló que la cuestión debería ser resuelta de un momento a otro.
No quiso aventurarse en los montos, pero se trataría de US$ 4 millones que fueron recuperados en su totalidad por González Daher.
La suma se conoce debido a que el mismo dirigente deportivo informó a periodistas que contaba con esa suma en la financiera, en el momento en que la quiebra era inminente.
“La Corte tiene que decidir si los pagos hechos por el fondo de garantías de depósitos están alcanzados por el secreto bancario. Nosotros creemos que no porque dichos fondos son administrados por el BCP y es el Estado que puso esos recursos”, manifestó.
Señaló que es un fondo mixto. El Estado lo administra, por eso deben ser públicos. Por otro lado, el secreto bancario cubre las actividades privadas de cada individuo y no los pagos del banco.
Finalmente, señaló que tiene expectativas que la cuestión puede resolverse positivamente.
“Se ganó en primera instancia, también en segunda. La Fiscalía General del Estado recomendó a la Corte rechazar la acción de inconstitucional. Además, es un caso de interés público. Imagino que hay buenas chances que prime el acceso a la información”, comentó.
Finalmente, destacó que resulta muy sospechoso que el BCP no entregue los documentos y se oponga tenazmente a entregar esa información.
“Era la época en que el clan estaba en su apogeo”, culminó.
