El presupuesto público ejecutado por el Instituto Paraguayo del Indígena (INDI), dedicado a impulsar parte de las políticas públicas y sociales en dicho sector, en los últimos 15 años ha sido de un promedio anual de G. 37.249 millones, insuficiente y limitado para cumplir con los derechos de los pueblos indígenas, al igual que con la posibilidad de una vida digna para las más de 120 mil personas que componen los 19 pueblos indígenas en Paraguay.
Según un documento presentado por la Articulación Indígena por una Vida Digna, integrada por varias organizaciones en defensa de los derechos del sector, el proyecto del Presupuesto de General de la Nación (PGN) actual, al igual que los presupuestos anteriores, tiene la característica de no estar orientado al desarrollo humano, sino a la economía como prioridad en cuanto a la recuperación del crecimiento y el mantenimiento de los indicadores macroeconómicos, puesta en la vieja visión ortodoxa de que el crecimiento económico promoverá el desarrollo.
“Otra característica es el mantenimiento de los privilegios para los sectores económicos que desde hace mucho se han beneficiado del modelo económico (baja presión tributaria y exoneraciones), así como para los políticos y la alta burocracia estatal (altos salarios y privilegios de todo tipo). Pese a la caída del ingreso y al déficit presupuestario proyectado para 2021, el Ministerio de Hacienda llevará adelante exoneraciones impositivas (gastos tributarios) por valor de US$ 500 millones”, afirmaron.
Los indígenas son un sector históricamente olvidado y abandonado por el Estado paraguayo. Si bien el presupuesto del INDI no incluye salud y educación indígena, ni las transferencias de Tekoporä y la pensión a adultos mayores, sí incluye un aspecto importante como es el acceso y aseguramiento de sus territorios, permanentemente despojados por sojeros y ganaderos.
El presidente del INDI, Édgar Olmedo, afirmó que por pedido del Ministerio de Hacienda se estableció un recorte del 16% de los recursos de la institución en lo que se refiere a gastos corrientes, lo que impactó en el rubro de tierras, ahí tuvieron un recorte de más de G. 11 mil millones. “Se estuvo planteando con las diferentes organizaciones que congregan a los diferentes pueblos y comunidades indígenas que esto se pueda reintegrar y aumentar el presupuesto para compras de tierras, por la alta demanda que tenemos en ese rubro”, aseguró.
Mencionó que tendrían un poco más de G. 13 mil millones a G. 14 mil millones para el rubro de compra de tierras y lo que está destinado a proyectos productivos de desarrollo, unos G. 6.000 millones va directamente para el pago de la condena que ha recibido el Estado paraguayo por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, o sea, más del 60% del presupuesto asignado va para el pago de esta condena, lo que implica que tienen disponibilidad de G. 4.000 mil millones para acceso a servicios básicos y mejoramiento de infraestructura en comunidades indígenas.
Actualmente, el total del presupuesto aprobado por la comisión de Hacienda es de más de G. 65.406 millones, con un aumento de G. 3.500 millones en la versión de Diputados, ahora el Senado tiene la última palabra.
“Es muy limitado y es casi imposible que podamos generar algún tipo de resultados o impactar en estas comunidades que en total son 730 y van aumentando. Buscamos que las comunidades se consoliden y tengan arraigo, pero los programas de asistencia tienen enfoques temporales y gran parte de estos proyectos productivos, como autoconsumo y producción de renta, recaen en el campo de acción del Ministerio de Agricultura. Tratamos de tener mayor presupuesto para que el INDI tenga autonomía en programas de este tipo”, afirmó el presidente.
Dijo que el mayor desafío de las comunidades indígenas del Paraguay hoy es la necesidad de que sean autosustentables, que se vayan desprendiendo de los programas de asistencia que tenga el Estado y que ellos puedan generar sus propios recursos.
“Hay comunidades modelos como hay también con mucha extensión de tierra que no aprovechan el suelo para producir, pero sí el Estado debe intervenir en programas productivos, asistencias técnicas y acompañamiento para que ellos puedan producir sus propios alimentos, así como la producción de renta para generar ingresos que le permitan tener una vida más digna”, argumentó Olmedo.
Asimismo, señaló que este año fue una prueba muy importante para la institución, hubo 240 personas contagiadas y 24 decesos, el 0.06% de la población en total. “No queremos dejar de lado el coronavirus en el 2021, seguiremos trabajando en los proceso de asistencia para resguardar la vida y enfocarnos en proyectos de acceso a servicios básicos. Ya instalamos más de 40 sistemas de agua potable este 2020 y de acuerdo a la disponibilidad presupuestaria que tengamos para 2021 buscamos llegar a esa meta”, concluyó el presidente del INDI.
LA DEUDA
Según la base de datos del Ministerio de Hacienda, en el periodo 2003 al 2019, el promedio anual de los presupuestos aprobados del INDI en dicho periodo fue de G. 60.181.537.040, mientras que el promedio anual de los presupuestos vigentes fue de G. 68.346.451.297, lo que indica que el presupuesto inicial casi siempre ha tenido modificaciones, dado por demandas o conflictos surgidos durante el año.
Llama la atención que el promedio anual de la ejecución presupuestaria en el periodo es de apenas G. 33.175.782.783, menos de la mitad de los presupuestos vigentes (48,5%). Es a partir de 2009 y especialmente desde 2011, cuando el presupuesto vigente se multiplicó 9 veces, siendo el promedio anual de los presupuestos vigentes en el periodo 2011 a 2019 de G. 110.620.488.319, pero con un promedio anual de ejecución presupuestaria de apenas G. 47.233.985.858, es decir de solo 41,9% en promedio, siendo en 2012 de solo 14,7%, en 2015 de 15,0% y en 2018 de 29,6%.
Desde 2011 a la actualidad, aunque la presupuestación se haya multiplicado se observa una tendencia a la disminución de la ejecución presupuestaria de la institución.
Según el documento, a pesar de constituir una población minoritaria del país, los programas orientados a la población indígena, como la cobertura de los servicios públicos y sociales básicos (electricidad, agua mejorada y saneamiento, salud y educación), han sido insuficientes y poco sostenidos, y tampoco se destacan por el seguimiento y las evaluaciones necesarias a las acciones desarrolladas. La implementación de la propuesta debe realizarse con la participación plena de los pueblos indígenas, con consulta y consentimiento libre, previo e informado y, en el marco del respeto y garantía de los derechos humanos, individuales y colectivos.
En 2017, la población indígena en el Paraguay era de 122.461 personas, lo que representaba el 1,8% de la población nacional. La incidencia de la pobreza (66,2% como promedio nacional y 68% para los indígenas rurales que son la mayoría) y la pobreza extrema (34,4%, siendo mayor en las áreas rurales con 35,9%) es particularmente desproporcionada en la población indígena al comparar con los valores nacionales, afectando particularmente a los niños, niñas, adolescentes (73,7% en pobreza total y 40,3% en pobreza extrema) y mujeres (67,7% en pobreza total y 34,5% en pobreza extrema.
