El municipio puede dejar un tendal de heridos en el sistema financiero y entre inversores particulares; ya acumula más de tres meses de retrasos en compromisos financieros. Hoy, los asuncenos tienen poco que festejar en los 488 años de fundación, por el abandono total en el que se encuentra la capital del país.
Cunde el pánico en el sistema financiero y la Bolsa de Valores ante la imposibilidad de que la Municipalidad cumpla con sus compromisos financieros, los cuales ascienden a unos US$ 250 millones en principio, según reveló el interventor, Carlos Pereira, quien agregó que el intendente Nenecho Rodríguez dejó una disponibilidad de apenas US$ 137.000.
La calificación de riesgos de la comuna fue degradada por los frágiles estados financieros; los tenedores de bonos llamaron a una asamblea para presionar, mientras los bancos hacen equipo para buscar alternativas de refinanciación o reestructuración para no quedar clavados. Como última opción se analiza la ejecución de garantías, es decir, rematar inmuebles públicos.
Ganar tiempo
Pereira presentó una propuesta legal al Ministerio de Economía y Finanzas para compensar obligaciones tributarias mutuas entre el Estado y la comuna, en un intento por aliviar el impacto de la deuda municipal, incluyendo el pago de comisiones y vencimientos relacionados con bonos emitidos por el municipio.
Aclaró que no solicitó dinero directamente al ministro para cubrir los bonos, sino que gestionó una audiencia para promover una solución estructural. “No hablé con el ministro para pedirle plata para pagar bonos ni nada en particular. Yo le solicité una audiencia para acercarle un proyecto de ley que permita compensar tributos entre el Municipio y el Ministerio”, afirmó.
Explicó que en 2023 se presentó una acción de inconstitucionalidad para evitar la transferencia del 15% del impuesto inmobiliario, pero la Corte Suprema la rechazó, al considerar que tal obligación estaba consagrada en la Constitución Nacional. “La Corte le dijo al Municipio: cómo me va a pedir una acción de inconstitucionalidad para una obligación constitucional”, relató.
Ante ese rechazo, el Municipio solicitó que el Ministerio no reciba dicha recaudación y que se compensara con fondos adeudados por royalty, Fonacide y Diben, que el Estado también tenía la obligación legal de transferir a la comuna. Sin embargo, el Ministerio respondió que actúa solo como agente de percepción y retención, sin capacidad legal para compensar esos montos.
Periodista Senior