En los últimos meses, la Cámara Baja se caracterizó por no reunir el quórum suficiente para iniciar o continuar con una sesión, y a pesar de tener un reglamento interno en donde se establece las sanciones en caso de ausencias, no ha sido aplicado por este cuerpo legislativo. Por esta razón, la diputada Celeste Amarilla (PLRA) presentó un proyecto de Resolución que buscaba establecer sanciones pecuniarias más altas a los legisladores.
Sin embargo, ayer la iniciativa fue remitida al archivo y los legisladores de la Cámara Baja incluso dijeron que la ausencia a algunas sesiones es una herramienta parlamentaria. La proyectista Amarilla manifestó que el proyecto colaboraría en algo para mejorar el prestigio “muy golpeado” de la Cámara Baja.
“Nunca vamos a tener autoridad moral para pedir nada si nosotros mismos llegamos tarde, o nos vamos temprano, o no tratamos todo lo que hay que tratar, y creo que es una señal de decir, sí queremos cambiar”, dijo la parlamentaria al momento de defender su proyecto.
Sin embargo, su colega, el diputado Basilio Núñez (ANR) solicitó el rechazo de la propuesta argumentando que con el reglamento interno “es suficiente”, y solicitó que se lea lo establecido en el artículo 20 del mencionado reglamento.
Este planteamiento fue apoyado por la mayoría de los miembros de la Cámara de Diputados por lo que fue rechazado la iniciativa de resolución y remitido al archivo.
PROYECTO
El Proyecto pretendía establecer sanciones pecuniarias por ausencias injustificadas, por las faltas registradas en las sesiones plenarias de la Cámara Baja, en la suma de G. 1.000.000, que se aplicará, al legislador o parlamentaria toda vez que faltare a 3 sesiones consecutivas o alternadas.
Así también, estipulaba que cuando el parlamentario se ausentare a 2 sesiones consecutivas o alternadas le corresponderá un apercibimiento por escrito de conformidad a lo establecido en el reglamento interno.
Además buscaba disponer una sanción monetaria al parlamentario que llegue tarde a las sesiones sin justificación pertinente, en la suma de G. 300.000, la que se aplicará al que incurriera en esa infracción después de 3 sesiones consecutivas o alternadas.
Planteaba también fijar una sanción pecuniaria de G. 500.000 al que se retire antes de finalizar las sesiones, sin la debida autorización de la presidencia, la que se aplicará luego de dos veces que incurra en dicha falta.
La iniciativa pretendía que el monto de los descuentos sea devuelto a Rentas Generales del Tesoro Nacional. Además planteaba que se deje sin efecto una Resolución que había sido aprobada meses atrás en la que se ratificaba las disposiciones de sanciones pecuniarias por ausencias sin justificación a las plenarias de la cámara baja.
