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Archivan proyecto que busca modificar distribución de recursos del Fonacide

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   Una amplia mayoría de diputados argumentó la necesidad de crear otro proyecto de ley, pero no en estos momentos porque sería reprogramar todas las gobernaciones y municipios del país.

Con 69 votos a favor, 5 votos en contra, 1 en blanco y 5 ausencias, en sesión extraordinaria de ayer, los diputados enviaron al archivo el proyecto de ley “que modifica los artículos 4º, 5º y 8º de la Ley Nº 4.758/12, que crea el Fondo Nacional de Inversión Pública y Desarrollo (Fonacide), y el Fondo para la Excelencia de la Educación y la Investigación” remitido por los senadores.

Se trata de un proyecto que busca una redistribución de los recursos del Fonacide destinados a las gobernaciones y municipios y establece que sea de la siguiente manera: 50% en partes iguales para cada gobierno departamental y municipal; y el 50% restante, a razón de la cantidad de alumnos matriculados registrados por el Registro Único del Estudiante (RUE).

Los legisladores de la Cámara Baja se ratificaron de esta manera en su primera versión de rechazo, atendiendo que el documento ya estaba en su cuarto trámite constitucional.  La línea adoptada por los mismos, fue la postura asumida por las diferentes comisiones asesoras del Estamento, que aconsejaron ratificar la negativa.

El presidente de la Comisión de Presupuesto, Miguel Tadeo Rojas, reiteró su dictamen en rechazo, argumentando que eventualmente de aprobarse esta nueva normativa “implicaría realizar una reprogramación de todas las gobernaciones y municipios disminuyendo en algunos casos y aumentando en otros, al mismo tiempo también el proyecto de ley tomando como referencia a la ley 4758 se elimina el término que dice por lo menos y establece que el 50% va a gasto de capital, 30% a almuerzo escolar pero no está especificado lo relacionado al 20% restante”, apuntó.

El diputado Justo Zacarías Irún, acompañó la postura de su colega. Reconoció que la ley de Fonacide debe modificarse y debe ser tenido en cuenta su finalidad principal, sin embargo, no está de acuerdo con el momento que se vive ahora. “Estamos en un momento difícil dentro de la nación, la recaudación de Fonacide esta menor y nosotros no podemos de la noche a la mañana venir a decirles: sus números van a ser alterados, algunos van a subir otros van a bajar, y esto no fue hecho con el debate adecuado, yo soy un convencido que la ley de fonacide es como un todo”, refirió.

A su vez, la presidenta de la Comisión de Educación, Cultura y Culto, Blanca Vargas, dijo que se ratifican en el rechazo inicial de Diputados al proyecto de ley. Mencionó que, en el estudio, las gobernaciones de su departamento serían las más afectadas. “Alto Paraná, Misiones, Itapúa, Ñeembucú y Canindeyú, dejarán de recibir 19.655 millones que serían reasignados a las gobernaciones no afectadas, además repercutirá en la provisión de alimentos que es lo más importante en este momento de la pandemia”, alertó.

Esta postura de rechazo y pedido de envío al archivo este proyecto fue manifestado también por los colorados, Jazmín Narváez y Hugo Ramírez. Éste último, habló sobre la plataforma disponible “Contralor Fonacide”. “Eso va a ayudar a que la ejecución pueda ser más efectiva y que la población pueda estar cada vez más informada y más tranquila de cómo se utilizan esos fondos”, agregó.

La única legisladora que manifestó estar a favor de modificar esta iniciativa y apoyar la versión del Senado de cambiar la redistribución de Fonacide fue Celeste Amarilla. La liberal consideró que la Ley de Fonacide amerita una revisión más profunda, pero mientras tanto, está conforme con modificar “algo ya”.

“Desde que entré (como diputada) vengo diciendo que hay una enorme desigualdad en la merienda escolar en el país, no sé con qué criterios se hizo la distribución en su momento, pero la distribución es no solamente inequitativa sino terriblemente injusta, acaba de mencionar el colega Zacarias, que justamente Asunción quien más tiene, volvió a recibir el fondo de la excelencia, y ¿los más pobres?”, se preguntó.

Continúo diciendo que iba a ser un paso a la “equidad” y la “justicia” que deben a los departamentos y municipios más pobres del país, que tienen mucho menos recursos para educación en general y para la merienda en particular con relación a los grandes centros urbanos, concluyó.