El pleno de la Cámara de Diputados se ratificó en su decisión inicial y sancionó el proyecto de Ley que prohíbe las compras y contrataciones superfluas, excesivas e innecesarias, prohíbe y limita nombramientos y las contrataciones de parientes y de asesores, y fija topes salariales para las autoridades públicas. La versión que avanzó excluye a las entidades binacionales de los recortes previstos en la normativa.
Los diputados excluyeron a las binacionales, alegando que estas instituciones se rigen por tratados internacionales y no pueden ser modificados por la legislación paraguaya. La Cámara Baja también eliminó el artículo que hablaba de la limitación de hasta dos viajes al exterior por año.
Otra de las modificaciones realizadas es referente a la publicidad y la propaganda, que los parlamentarios no prohíben en su totalidad como se planteó inicialmente, pero crean más excepciones para casos de edictos, licitaciones, llamados y otros.
De esta manera, el proyecto sancionado quedó de la siguiente manera: se fija un tope salarial de G. 37 millones para todos los funcionarios del Estado, a excepción de las binacionales; se elimina el seguro médico para la máxima autoridad.
Así también, se limita la contratación de asesores, que se estableció podrá ser hasta un máximo de tres, los cuales tendrán vínculo con el Estado hasta tanto la autoridad que los contrató siga en el cargo. Posterior a ello deberán abandonar la institución sin derecho a percibir ningún tipo de indemnización.
Asimismo, el documento prohíbe la contratación de parientes dentro del cuarto grado de consanguinidad y segundo de afinidad, tanto de la máxima autoridad de los Organismos y Entidades del Estado (OEE), como de los miembros de sus órganos colegiados, en el organismo o entidad del cual formen parte, sea en calidad de funcionario permanente, contratado o personal de confianza.
Además se reduce la provisión de combustibles; servicio de telefonía, compras de alimentos terminados, bebidas, arreglos florales, entre otros. Así también, se eliminan las remuneraciones adicionales en concepto de cumplimiento del deber de asistencia al lugar de trabajo (presentismo).
Los Diputados incorporaron también un artículo que hace referencia a los traslados y comisiones de trabajo. En este sentido, se establece que en el marco de aplicación de la movilidad laboral, no se podrá realizar el traslado definitivo ni el comisionamiento de funcionarios de un organismo o entidad a otra distinta, cuando no concuerde la naturaleza y necesidades de la institución de destino con el perfil profesional del funcionario.
Cabe recordar que según estimaciones del Ministerio de Hacienda, el Estado podría ahorrar US$ 10 millones anuales con esta Ley. En este punto es importante mencionar que la cartera económica ya realizó varios de los recortes estipulados en este proyecto debido a la pandemia actual que repercutió en los ingresos del Estado.
El documento fue remitido al Poder Ejecutivo y el presidente de la República deberá promulgar o vetar la iniciativa.
