Los senadores en su primera sesión extraordinaria del año, aprobaron en general el proyecto de ley que declara de interés público la investigación, el desarrollo, la fabricación y la adquisición de vacunas contra el Covid-19, mientras que el estudio en particular pasa para su tratamiento el próximo lunes. El proyecto presentado por el Poder Ejecutivo, a través del Ministerio de Salud, tiene como principal objetivo lograr una compra rápida de las vacunas anti-Covid-19 con el fin de proteger la salud de la población.
La propuesta fue presentada por los senadores Zulma Gómez, Antonio Barrios, Óscar Cachito Salomón, Arnaldo Franco y Fernando Silva Facetti y Blanca Ovelar, esta última solicitó ayer al pleno aprobar el proyecto en general y después estudiar. La decisión se dio para poder obtener mayor información sobre el proyecto.
La legisladora del Frente Guasu, Esperanza Martínez, pidió un cuarto intermedio hasta el lunes a fin de seguir con el debate. En una misma postura, pero más en rechazo, se mostró el senador del Partido Liberal Radical Auténtico (PLRA) Eusebio Ramón Ayala, quién acompañó la postura de varios de sus colegas, quienes aseguraban la importancia de realizar un análisis más profundo a la propuesta realizada por las autoridades sanitarias, atendiendo de que no existen más especificaciones respecto a las negociaciones que busca hacer el Gobierno en cuanto a la adquisición de vacunas. Asimismo, enfatizó que la no aprobación del proyecto no incidirá en la compra de vacunas.
“El gobierno tiene la obligación de informar a la población con qué empresa está negociando, ¿cuál es el modelo de contrato?, ¿qué empresa le exige la indemnidad? ¿qué empresa le exige la confidencialidad?, ¿cuáles son las negociaciones?, ¿cuáles son los borradores?, ¿cuáles son los correos electrónicos de intercambio de ofertas?, ¿dónde están? o vamos a sorprendernos con algunas negociaciones secretas? Lo último seria que el mismo Senado, el mismo Congreso le autorice al Poder Ejecutivo que tenga reuniones o negociaciones, que firmen contratos reservados sin que conozca el Senado o la opinión pública”, se preguntó.
Lo que establece el documento presentado por el Ejecutivo
La propuesta faculta al Poder Ejecutivo, a través del Ministerio de Salud, a incluir en los contratos que celebre y cláusulas que establezcan la prórroga de jurisdicción a favor de los tribunales arbitrales y judiciales con sede en el extranjero. Así también, indica que en ningún caso la prórroga de jurisdicción podrá extenderse a los terceros, sean personas físicas o jurídicas, residentes en el territorio nacional.
Otro punto señala que se establezcan condiciones de indemnidad patrimonial respecto de indemnizaciones y otras reclamaciones pecuniarias relacionadas con y en favor de quienes participen de la investigación, el desarrollo, la fabricación, provisión y el suministro de las vacunas, al igual que cláusulas o acuerdos o confidencialidad en los contratos de adquisición de las dosis contra el Covid-19.
