El pasado miércoles, a menos de 24 horas que Óscar González Daher, afronte su juicio oral y público por el caso audios, la Corte Suprema de Justicia (CSJ), llamativamente decidió reducir las actividades judiciales del 10 al 25 de septiembre esto para evitar contagios de Covid-19.
Debido al documento, la CSJ decidió postergar este juicio hasta el 5 de febrero del 2021. Sin embargo, solo unas horas después, la misma Corte estableció que los juicios se realicen normalmente con la salvedad de que se realizarán a puertas cerradas para evitar los contagios.
Es decir, solo el caso González Daher fue pospuesto. Las críticas no tardaron en hacerse sentir principalmente en las redes sociales y medios de comunicación. Por ende, la Corte revió su postura y estableció la celebración del juicio oral finalmente para el 21 de septiembre próximo.
Jimmy Páez, uno de los abogados afectados por el caso audios mencionó, que con estas señales se está buscando la impunidad del caso. Esto, debido a que si el juicio se lleva a cabo se tendrá que involucrar a varios ministros de la corte, a varios legisladores y varios integrantes del Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados (JEM).
“En febrero hubiera cambiado el panorama político. Lo que se quiere evitar es que el resultado del juicio dañe aún más la imagen del Ejecutivo y de la Justicia”, explicó.
Para el letrado, el castigo resultado del juicio oral y público solo será de un año de pena privativa de libertad que la podrá cumplir en su domicilio con la excusa Covid-19. Por ello la intención de aplazar hasta febrero ya que en este clima político, la indignación ciudadana se hubiera volcado a las calles.
“Se espera que la tensión social no sea tan elevada. Para que la ciudadanía no reclame con tanta fuerza el blanqueamiento del caso. Por eso intentaron posponerlo hasta febrero”, explicó.
Al igual que el político luqueño, también debían comparecer Raúl Fernández Lippmann, Carmelo Caballero y Jorge Oviedo Matto. Todos por el mismo caso.
CONTEXTO
Escuchas telefónicas divulgadas por un medio radial en el 2017 revelaron un esquema de extorsiones que llevaba adelante Óscar González Daher, entonces presidente del Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados (JEM) para salvar a políticos y otros “amigos” que debían afrontar casos judiciales.
A pesar del logro histórico que significó la expulsión del senado de Daher en diciembre del 2018, existe un temor de que la causa solo otorgará una condena flexible para el político luqueño.
EN FAMILIA
Ramón González Daher (hermano de Óscar) es acusado también de practicar la usura de forma ilegal. Es decir, ambos hermanos afrontan graves casos de corrupción e irregularidades.
En esto también participaba Óscar en carácter de cómplice. El político, desde su cargo en el JEM utilizaba estas influencias en la justicia para cobrar deudas ilegales. Esto fue demostrado también con las escuchas telefónicas.
Se estima que los hermanos lograron generar US$ 300 millones a través de este sistema.
