La Fiscalía allanó la sede de Petróleos Paraguayos, Petropar, en busca de encontrar documentos referentes a los pagos de las compras de tapabocas y las famosas aguas tónicas, que bajo sospecha se encuentran bajo una supuesta sobrefacturación. Recordemos que la institución adquirió estos elementos como insumo sanitario por la lucha contra el Covid-19. Hasta este punto, todos se encuentran expectantes ante la verificación de dichos documentos, pero de forma repentina, los mismos fiscales que siguen el caso, han sido recusados, bajo la causa de supuesta “falta de objetividad”.
Francisco Cabrera y Rodrigo Estigarribia son los fiscales del caso que solamente tuvieron tiempo de ordenar las carpetas de documentos requisados y la fiscalía general del estado ya acaba de «recusar» o en otros términos rechazar la investigación, ahora bien, esta parece la trama de una serie de Netflix, pero en realidad es el día a día de la política paraguaya.
El fiscal Estigarribia comentó que muchas de las documentaciones que retuvieron del ente petrolero no tenían acuse de fecha, desde los expedientes hasta las órdenes de pago.
Según antecedentes, los documentos guardan relación con pagos realizados a la empresa Solumedic, empresa invitada por la estatal a participar del llamado a licitación para la compra de los insumos médicos, en donde casualmente todos los datos de precios de compra son similares.
Cabe resaltar que la investigación se inicia con la lista de compra hecha por la institución petrolera en donde figuraba la compra de tapabocas que no podían costar más de G. 25 mil, sin embargo ellos abonaron G. 38 mil por cada uno.
El valor total de la adquisición fue de G. 359 millones. Pero lo que más resalta en la licitación son las 5.000 unidades de agua tónica, además de termómetros a G. 1.700.000 y las tapabocas ya mencionadas.
«Nosotros ya presentamos los datos que tenemos ahora esperamos a que se investigue bien todo esto, porque dentro del marco de la emergencia nacional que estamos viviendo, comprar 5mil botellas de agua tónica que cada una se encuentra al por mayor por G. 1.500 ellos compraron por G. 5.000, realmente no entendemos en qué cabeza cabe y que la reacción de la presidenta sea tan frívola es desesperante”, declaró Rocío Vallejos, diputada de la nación, quien fue parte del grupo de legisladores que inició la denuncia ante el posible caso de sobrefacturación.
Si bien aún el fiscal no habló de una irregularidad, especificó que la titular de Petropar puede exponerse a una eventual imputación por lesión de confianza.
«Ninguna institución recibe documentación sin tener un registro previo, más aún cuando hablamos de una licitación pública”, acotó.
Esta movida tarde también dejó un importante anuncio por parte de la Fiscalía General del Estado, a partir de ahora se ordena hacer pública la declaración jurada de cada uno de los entes públicos.
La diputada Vallejos remarcó sobre el punto que se siente indignada y que una autoridad como Samudio, debería ponerse a disposición de la justicia en vez de hacer estos actos más sospechosos.
“Ella no está siquiera imputada en la denuncia ya que la misma fue contra personas innominadas, ella como autoridad debe explicar las compras millonarias que se hizo, esto se llama “chicana”, abogados que pelean recursos mínimos, para defender a sus clientes», concluyó.
