Carlos Caballero, es el abogado de una organización campesina denominada “San José Isla Pucú” del distrito de Tavapy (Alto Paraná). Lo contrataron hace poco más de un año para realizar una investigación sobre supuestas tierras en estado de excedentes fiscales (que no tienen dueños legales).
Se trata de la finca 39 padrón 42 compuesta por 77.539 hectáreas (su valor ronda los US$ 770 millones, equivale a G. 4700 millones).
La investigación que lleva adelante el abogado le da a conocer que el predio no es un excedente fiscal, sino que las mismas son propiedad del Instituto Nacional de Desarrollo Rural y de la Tierra (Indert).
Lo que llama la atención es que el instituto debe entregar sus tierras a los beneficiarios de la Reforma Agraria. Sin embargo, el predio es explotado por dos empresarios, uno chino y el otro brasilero para la plantación de soja.
“¿Cómo se le puede perder al Indert 77 mil hectáreas? Espero que el procurador recupere los bienes para los sujetos de la Reforma Agraria. Unas 10 mil hectáreas son ocupadas por un chino con 3000 hectáreas y un brasilero con 7000”, cuestionó.
El letrado lamenta que ambos tengan títulos. Lo que busca es que todo aquel ciudadano paraguayo que quiera trabajar por la tierra se acerque a pedir parte de este predio, incluyendo a sus representados.
“El Indert lo que no tiene es la voluntad política para repartir sus tierras. Pude hablar con la actual directora. Ella no creyó que exista esa cantidad de tierras en Alto Paraná. Me pidió una nota para que trate de solucionar”, recordó.
RESUMEN HISTÓRICO
Luego de la Guerra de la Triple Alianza y para capitalizarse el Estado paraguayo había vendido varias fracciones de tierra a empresarios y familias poderosas, uno de ellos era el empresario francés Domingo Barthe.
Para la adquisición tanto de esta finca como de otras, Barthe se comprometió al pago en cuatro cuotas, de las cuales él sólo había abonado una sola firmando por el resto pagarés. Viendo el incumplimiento de Barthe, el Estado paraguayo decide iniciar acciones judiciales para recuperar sus tierras.
En fecha 29 de junio de 1921 se presentó al juzgado el entonces Fiscal General del Estado, Víctor Rojas en representación del Estado paraguayo, a promover demanda ordinaria contra los herederos de Domingo Barthe, caratulada: “El Estado Contra Herederos De Domingo Barthe, Sobre Nulidad De Título Y Reivindicación De Unas Tierras En El Alto Paraná” de cuyo juicio el estado paraguayo salió victorioso en las tres instancias.
El resultado fue que el Estado lograra la reivindicación (recuperación) en 1958 del predio.
ANTECEDENTES
En los Registros Públicos, dependiente del Poder Judicial, figura que esta finca 39, en más de 50 años de existencia del título de propiedad, no ha sufrido desprendimiento alguno, lo que significa que esta propiedad en su totalidad pertenece al Indert o sea al Estado Paraguayo. Sin embargo, estas tierras, en especial parte de la zona que está dentro de la franja de seguridad fronteriza, hoy día están ocupadas por extranjeros.
VERSIÓN INDERT
Gail González, titular del Indert (desde hace 6 meses en el cargo), explicó que en esas tierras ya existen colonias desde la década de los 70’. Por ejemplo “Pastora Céspedes” habilitada bajo resolución en el 74’. “San Miguel” en el 73’. “San Miguel ampliación”, habilitada desde el 2011. “Ñacunday 1 y 2” también en el 73’.
“Desde esa época, el Instituto de Bienestar Rural (IBR) empezó a expedir títulos sin desprenderse de la finca madre”, explicó.
Con esto, la directora del Indert responde a por que dicho predio no ha sufrido desprendimiento alguno en papeles.
Acto seguido calificó de temerarios los comentarios del abogado Caballero. Sobre los extranjeros dijo que deben ser terceros o cuartos adquirentes del título. Ya que en esa época podían ser beneficiarios paraguayos o extranjeros.
“Son varias colonias que durante años pidieron títulos sin desprenderse de sus fincas madres”, respondió finalmente.
