Ana María Brun Zuccolillo de Lesme y Julio Ramón Lesme Vaché, accionistas de la firma Topografía y Caminos (T&C S.A.) publicaron un comunicado en medios masivos de comunicación donde denuncian atropellos sistemáticos de algunos jueces de la Cámara de Apelaciones.
Esto, en el marco de un conflicto de intereses societarios donde los denunciantes han promovido una demanda de nulidad de cláusula estatutaria. La denuncia es en concreto, contra los jueces José Fernández y Gustavo Chilavert, además de los camaristas Arnaldo Lévera y Elodia Almirón.
CONTEXTO
La investigación inició a raíz de una denuncia presentada por Brun Zuccolillo de Lesme, en su carácter de accionista de la referida empresa. La denuncia trató sobre la supuesta apropiación del pago mensual que le correspondía como vicepresidente de la firma a Julio Ramón Lesme (esposo de Ana María).
La mujer refirió que supuestamente los investigados Francisco Griñó y Pedro Ferreira, presidente y gerente general de la firma en el 2021, justificaron los pagos con facturas y documentos falsos presentados en la Subsecretaría de Estado de Tributación (SET). Sin embargo, no hicieron las transferencias que debían. Asimismo indicó que no percibieron el dinero por las utilidades de la empresa entre los años 2018 y 2019.
FERREIRA
Pedro Ferreira, exgerente general de T&C afirmó que la imputación en su contra se produjo en el 2021, en el cuál ya tiene sobreseimiento definitivo. “Fue una imputación de una denuncia que se declaró, que es falsa y temeraria. A cargo de la misma fiscal que acusó a Mario Ferreiro, para señalar nomás como es el camino en aquella oportunidad”, afirmó.
Sostuvo que la denuncia fue falsa y temeraria, ya que los que la hicieron, se pusieron de acuerdo, por motivaciones políticas, para “pasarle factura” por su posición sobre Itaipú.
“Yo no sé exactamente, porque entre ellos se habrán puesto de acuerdo, unidos sus intereses y conseguir esa imputación que finalmente terminó con un sobreseimiento. Los querellantes tuvieron que abandonar la querella y finalmente la denuncia fue declarada falsa y temeraria”, comentó.
Dijo que Brun y su abogado no se presentaron, luego de un año y medio. Ya que el caso debía resolverse en el mismo acto.
“No había ninguna prueba o indicio. Era una denuncia falsa y temeraria. Decían que la no distribución de utilidades era un robo y todas las empresas la hacen. No tenía pies ni cabeza la denuncia. Ellos afirmaron que no se les entregó las acciones. En un acto de directorio se les ofreció retirar sus acciones pero ellos se negaron y se colocó en una escribanía. Entonces, ¿dónde está la culpa de uno si ellos no quieren retirar?”, manifestó.
