El allanamiento al local de producción y venta de “cédulas” de mascotas, encabezado por el Ministerio Público, fue una de las noticias con mayor trascendencia de los últimos días. La trascendencia del hecho se produjo por la ridiculez del procedimiento, el cual fue a todas luces, innecesario.
Lo cierto es que, este allanamiento resultó un ejemplo muy claro del abuso de derecho penal que viene apareciendo como un fenómeno contrario a sus principios.
El derecho penal es de “ultima ratio” según el principio de intervención mínima. Este principio establece la reducción de la aplicación del derecho penal al mínimo indispensable para garantizar el orden social y cuando no existan otras medidas menos drásticas.
Sin embargo, el abuso del derecho penal que se reflejó en la incautación de cédulas de mascotas es un fenómeno mucho mayor que llevó a nuestra sociedad considerar que todo problema o conflicto se soluciona con el derecho penal, contrariamente al principio señalado más arriba. Algunos ejemplos de este fenómeno son las leyes que aumentan las penas, o las que penalizan los graves problemas que afectan a “la familia” como el incumplimiento de la prestación de alimentos, cuando es evidente que existen soluciones efectivas por fuera del derecho penal, como el caso de Costa Rica, que impone restricciones de orden de civil a los morosos de pensiones alimentarias.
Los resultados de violencia contra mujeres o los casos de incumplimiento de la prestación de alimentos, muestran claramente que el derecho penal no es una herramienta eficaz para la solución de estos problemas que atraviesa la sociedad y debe interpelar a buscar leyes más efectivas y de real protección a las partes vulneradas.
