El abogado Juan Pablo Irrazábal se pronunció sobre la propuesta legislativa que plantea la prisión perpetua, advirtiendo que debe respetar la obligación estatal de resocializar al condenado. En entrevista con radio Monumental, señaló que perpetua no debe confundirse con «prisión hasta la muerte» y que cualquier normativa en ese sentido debe establecer límites claros.
“El primer error es confundir la palabra perpetua con una condena que se cumple hasta la muerte. Eso no es viable ni jurídica ni constitucionalmente”, afirmó. Agregó que cualquier legislación que pretenda introducir esta figura debe establecer límites claros, como la posibilidad de revisión periódica de la pena. “La resocialización no es un derecho del condenado, es una obligación del Estado”, insistió el profesional.
Irrazábal cuestionó el proyecto presentado por el diputado Rubén Rubín, que propone una pena de 90 años para ciertos crímenes, con posibilidad de revisión recién después de 50 años de cumplimiento. A su criterio, esta propuesta es inconstitucional al desatender el deber estatal de promover la reintegración social del penado.
“La prisión perpetua puede ser legislada en Paraguay. No está prohibida constitucional ni convencionalmente. Pero debe adecuarse a límites razonables. Lo contrario es legislar para satisfacer momentáneamente a la opinión pública, sin ofrecer soluciones reales y sostenibles a los conflictos penales”, remarcó el abogado.
El jurista planteó como alternativa un modelo de pena indefinida, pero sujeta a evaluaciones periódicas del proceso de resocialización. “No hace falta poner hasta 90 años. Se puede establecer como pena indefinida, y una vez que el condenado haya cumplido la pena normativa máxima —por ejemplo, 30 años—, debe evaluarse si el Estado fue eficaz en su proceso de rehabilitación”, explicó.
Irrazábal también advirtió que si el sistema penal se enfoca únicamente en el castigo, sin considerar la reinserción, se vulneran principios constitucionales fundamentales y tratados internacionales de derechos humanos. A su juicio, las reformas penales deben apuntar a un equilibrio entre justicia, prevención y reintegración social, no al endurecimiento punitivo como única salida.
Periodista Senior