Hernán Huttemann, jefe del gabinete civil de la presidencia, convocó a una conferencia de prensa para anunciar que el Ejecutivo vetó parcialmente el proyecto de ley “Que modifica varios artículos de la ley 5.033/2.013, que reglamenta el artículo 104 de la Constitución Nacional, de la declaración jurada de bienes y rentas, activos y pasivos de los funcionarios públicos y deroga la ley 6.355/2019”.
Minutos antes de la conferencia de prensa, el mismo Abdo Benítez, presidente de la República, posteó en sus redes sociales sus motivaciones para no promulgar la iniciativa; “He decidido no promulgar el proyecto de ley que busca modificar la reglamentación legal de las declaraciones juradas de los funcionarios. La declaración obligatoria de bienes y rentas es una de las herramientas para la transparencia gubernamental y la lucha contra la corrupción”.
El proyecto fue cuestionado por parte de los partidos de la oposición debido a que elimina los castigos penales para las declaraciones juradas falsas, al permitir la posibilidad de rectificaciones.
HUTTEMANN
Huttemann anunció que el veto tiene que ver principalmente con la modificación del artículo 14 de la ley vigente.
La ley vigente en el artículo 14 establece en su primer párrafo, la posibilidad que tienen los funcionarios de rectificarse en caso de que existe un error o una omisión no imputable al declarante al momento de presentar sus declaraciones juradas.
El segundo párrafo habla sobre el deber que tiene la Contraloría de denunciar ante el Ministerio Público en caso de que existan errores u omisiones imputables al declarante.
En otras palabras, el primer párrafo establece la posibilidad de rectificar cuando existan errores no imputables. El segundo trata sobre el deber de la Contraloría de denunciar los errores u omisiones dolosos (fraude o engaño).
MODIFICACIONES
El proyecto de ley sancionado por el Congreso hace dos semanas, establece en el primer párrafo lo mismo. Pero en el segundo párrafo menciona la posibilidad de realizar la cantidad de rectificaciones que el funcionario considere pertinentes.
“Si se promulgase el proyecto de ley de modificación del artículo 14, desaparecería ese segundo párrafo de la ley vigente que es el deber de la Contraloría de denunciar cuando existen indicios de que fue un error o una omisión imputables al declarante realizados dolosamente”, explicó el jefe de gabinete civil.
Acto seguido destacó que consideran que la Contraloría tiene un rol preponderante en el control gubernamental y en la rendición de cuentas.
“Creemos en la ley vigente. Existe un proceso de verificación donde el funcionario puede rectificar cuando el error no es imputable. Esto se debe mantener porque es un canal de ingreso de información al sistema penal”, sentenció.
