“Esto nos afecta a todos, si uno tiene la oportunidad y puede aportar algo, por qué no hacerlo”, refirió con relación a la renuncia de la representación de clientes políticos como del diputado Miguel Cuevas y del hijo del exsenador Óscar González Daher, entre otros.
Desde su rol en la función privada, donde Pérez se desempeñaba, opinó que es muy fácil criticar al sistema cuando el cliente te está pagando para eso.
“Estamos hablando de una cuestión de seguridad, tus hijos y los míos mañana pueden estar por la calle en medio de una balacera de grupos armados enfrentándose a tiros en el rescate de una persona como en el caso de Samura”, comentó Pérez quien volverá a al cargo tras haberlo ocupado en la época de Horacio Cartes.
Reconoció que hay planes que no continuaron tras los cambios en el Gobierno. “Esta es la oportunidad de hacer efectivos los proyectos que se iniciaron en la anterior administración”, indicó.
No quiso insinuar que no hubiera ocurrido nada de los últimos acontecimientos en materia de seguridad pero aseguró que no se hubiese llegado al punto del asesinato de un comisario si se tomaban las medidas de seguridad que se había intentado implementar en el periodo anterior.
En cuanto a su trabajo como abogada que lo deja en pausa por ejercer el cargo público, explicó que los casos grandes que seguía no los representaba sola, “las personas que siguen ejerciendo la profesión y tiene intervención en los casos pueden continuar llevándolos”, manifestó.
LAS PRIORIDADES DESDE AHORA
Sobre el trabajo en los próximos meses, comunicó que las prioridades del Ministerio serán la de impulsar una ampliación presupuestaria. Tienen el propósito de poner en discusión en el Congreso un aumento de salario para el personal penitenciario y la contratación de más personales de seguridad.
Otro punto que abordó fue la intención de cerrar los centros penitenciarios Tacumbú y Buen Pastor por estar en áreas urbanas. Si bien presenta una facilidad a la hora del acceso a juzgados y fiscalías, también representa un cúmulo de conflictos por estar alrededor de la población, sostuvo.
Con la emergencia penitenciaria, afirmó que no se podrá lograr ese propósito pero que las penitenciarías adjudicadas no serán las únicas que se construirán, aseguró.
Así también, comentó el paquete de proyectos de ley que presentó la secretaría de Estado. Una de las medidas es el implementar un sistema de videoconferencia a la hora de llamar a audiencias, para evitar el traslado de internos considerados de alta peligrosidad.
Otro punto de la reforma judicial es el procedimiento para la abreviación de plazos en casos de flagrancia, para evitar el sobrecargo de ingresos a los penales por prisión preventiva. Acotó que el procedimiento puede acortarse para que se finiquite rápidamente. “Con el trabajo de tratamiento y rehabilitación para una posterior reinserción social se puede hacer solo con los condenados”, rescató.
Con el pedido de varias instituciones solicitando una ampliación presupuestaria y la inseguridad reinante en todos ámbitos sociales, será un desafío para la Cartera de Justicia devolverle la calma al país.
Cecilia Pérez: “Estamos hablando de una cuestión de seguridad, tus hijos y los míos mañana pueden estar por la calle en medio de una balacera de grupos armados enfrentándose a tiros en el rescate de una persona como en el caso de Samura».
