Sumiendo a la familia ante la completa impotencia, el Estado sigue sin brindar respuestas certeras acerca del paradero del exvicepresidente Óscar Denis, quien ya cumple un año en cautiverio, debido a la indiferencia del Gobierno, y lejos de sus seres queridos.
Una familia que sigue llorando por la falta de su padre y hermano cumple un año sin respuestas ni soluciones ante la vulneración de derechos a la que fue impuesta.
Cuando el Estado debía velar por la seguridad de todos sus ciudadanos, se encuentra completamente indiferente ante el dolor de varios sectores de la población.
Recapitulando, en la tarde del 9 de septiembre del 2020, el fiscal Federico Delfino confirmó la desaparición del exvicepresidente de la República, Óscar Denis Sánchez; el hecho se había registrado en la ciudad de Bella Vista Norte, en el Departamento de Amambay.
Posterior al hecho y luego de confirmarse que había sido secuestrado junto con su peón Adelio Mendoza, se corroboró que el caso fue producto del grupo armado y autodenominado EPP. Luego de algunos días, las hijas del señor Denis recibieron una serie de pedidos enviados por el colectivo mencionado.
Solicitaban a la familia repartir víveres por un valor de US$ 2 millones a comunidades de los departamentos de Canindeyú, Concepción, Amambay y San Pedro. Luego de haber cumplido con todos los requisitos y pedir alguna prueba de vida o comunicación con su padre, las hijas no tuvieron algún retorno certero que les brindase resolución del caso.
Vale aclarar en este punto que, por parte de la Fuerza de Tarea Conjunta (FTC), y otras autoridades correspondientes, la familia Denis no recibió ninguna otra respuesta más que la indiferencia y la falta de acciones concretas que ayudasen a esclarecer el caso.
UN AÑO DE DOLOR Y ESPERANZA
“A un año del secuestro de papá sentimos el mismo dolor, la misma angustia, el mismo temor que aquel primer día, pero esto no significa que hemos perdido las ganas de encontrarle, sino todo lo contrario, seguiremos peleando y exigiendo resultados que nos lleven a él”, manifestó Beatriz Denis, hija del exvicepresidente.
Prosiguiendo, la mujer aseguró que siempre reciben las mismas respuestas por parte del Estado: “no hay resultados”, “no hay avances”, “no hay informes”.
“Ahora todo está más calmado, al comienzo contábamos con la constante participación de todas las autoridades para recabar toda la información posible, pero actualmente se enfrió el caso; se llamaron a silencio, dando una impresión como si se tratase de un simple número más para sumar a la lista de secuestrados”, afirmó Beatriz.
De este modo, la mujer describió la infinita impotencia que sienten ante la inactividad del Estado, teniendo en cuenta que este debería velar por los derechos y la seguridad de todos los paraguayos por igual.
Al final, las reglamentaciones son una simple letra muerta, afirmó la hija, pues las autoridades se desentienden por completo ante estos casos de vulneración de derechos.
“Ahora nosotros a 1 año sin papá, la familia Morínigo a 7 años sin Edelio y la familia Urbieta casi 5 años sin Félix, no tenemos a nuestros seres queridos, no recibimos ningún tipo de información y día a día morimos un poquito más con todo este dolor inmenso”, sentenció Beatriz.
EL NORTE SIN DERECHOS
En febrero de este año, la Coordinadora por los Derechos Humanos en Paraguay (Codehupy) realizó una misión en el norte para investigar la situación del derecho a la seguridad y la política de antisecuestro aplicada allí, concluyendo una serie de ineficiencias vividas en la zona.
“Es necesario que el Estado mantenga una proximidad constante y respetuosa hacia los familiares de cada víctima de secuestro, que proporcione información frecuente y efectiva, así como también apoyo, contención y acompañamiento en todo momento”, destacó Hugo Valiente, investigador de la Codehupy.
En este sentido, el especialista destaca la ineficacia por parte de las autoridades para brindar algún tipo de solución a las familias de los secuestrados, pues las mismas se desentienden en su totalidad.
Así, se refleja de manera directa la completa desprotección a la que somete el Estado a sus ciudadanos, quienes solo se aferran a la esperanza, y no a la justicia, para encontrar nuevamente a sus familiares.
