Édgar “Beto” Melgarejo, extitular de la Dinac y su predecesor Félix Kanazawa avalaron la compra de radares primarios y secundarios por G. 49.997 millones. La Contraloría, tras una investigación confirmó que los aparatos no funcionan.
La Dirección Nacional de Aeronáutica Civil (Dinac) licitó radares primarios y secundarios en el 2017. Se trata del llamado 330224 por G. 49.997 millones (US$ 7,2 millones al cambio actual). Un informe de Contraloría General de la República detectó graves irregularidades en el proceso de adjudicación y derivó un dictamen al Ministerio Público para que inicié una investigación penal.
La firma proveedora es Omni S.A. cuyo representante legal es Eduardo de Gásperi Camacho, extitular de Aduanas y exconsejero del Instituto de Previsión Social (IPS).
Debido a denuncias sobre el no funcionamiento de los radares, a fines del año pasado, la Contraloría inició una investigación para corroborar los hechos. Los resultados fueron publicados arrojando varias irregularidades.
INFORME DE CONTRALORÍA
La Contraloría General de la República, a través de su titular Camilo Benítez, compartió el informe final de la investigación el día de hoy viernes. El resultado fue la detección de serias irregularidades en la compra de los aparatos.
La observación 5, señala que la empresa OMNI S.A. no realizó la prueba del funcionamiento en el sitio del radar. Lo que representa una grave irregularidad ya que esta “Prueba de Aceptación del Terreno”, formaba parte del contrato y debía asegurar que todo funcione correctamente en el sitio donde iba a operar.
La observación 8, detalla un último pago, hasta ahora desconocido. Ya durante la administración de Félix Kanazawa, la Dinac pagó una ampliación de G. 826 millones por ambos radares. Esto, a pesar de haber ya cancelado el pago de G. 49.997 millones y de no contar con la certificación de que los aparatos funcionaban.
En un apartado sobre el informe detalla el funcionamiento de los radares primarios y secundarios se observa que el alcance de los aparatos no podía ser menor de 200 Millas Náuticas de radio de cobertura (370 kilómetros), sin embargo, según datos de la Fuerza Aérea, los radares solo tienen un alcance de 100 Millas Náuticas de radio de cobertura (185 kilómetros).
Lo mismo sucede con el radar secundario. Debía tener un alcance de 250 Millas Náuticas (463 kilómetros) pero solo tiene un alcance de 220 Millas Náuticas (407 kilómetros).
CONTEXTO
En diciembre del 2017, la Dinac adjudicó a la empresa OMNI S.A. para la compra de un radar que debía instalarse en el aeropuerto de Concepción. El contrato fue firmado durante la administración de Luis Aguirre y se estableció un periodo de entrega de 180 días (vencía en marzo del 2018).
Durante la administración de Édgar “Beto” Melgarejo (asumió en agosto del 2018) se iniciaron los pagos y se extendió el plazo de entrega hasta abril del 2019 de mutuo acuerdo entre la Dinac y OMNI S.A. El total de casi G. 50 mil millones (poco más de US$ 7 millones) se terminó de pagar en mayo del 2020, a pesar de que el radar seguía sin ser entregado.
Recién en agosto del 2021 (casi 4 años después del contrato original) la firma entregó el dispositivo. Inmediatamente después, la Dinac dona el aparato a las Fuerzas Aéras Paraguayas (FAP).
Hasta el día de hoy, antes del informe de la Contraloría, no se había podido corroborar si el radar funciona o no porque nunca se presentó la certificación de los trabajos en vuelo que tenía que haber hecho un avión laboratorio especializado. El mismo debía certificar y homologar el funcionamiento de ese radar.
La compra se realizó con fondos propios de la Dinac y posteriormente fue donada a las Fuerzas Aéreas. Hasta ahora la Dinac publicó la copia de un informe técnico de un avión laboratorio especializado que haya certificado el funcionamiento óptimo del radar instalado en Concepción.
A pesar de la falta de certificación, la Dinac ya pagó la totalidad de la suma a favor de la empresa OMNI. Este certificado debía recibirse antes de la cancelación de la deuda.
Este radar tiene dos funciones. El radar primario tiene la capacidad para detectar vuelos clandestinos o furtivos que ingresan al Chaco en un campo de casi 400 kilómetros a la redonda. Que es la capacidad que posee el radar.
Mientras que la parte secundaria es para uso civil. Es decir, está destinado exclusivamente para entregar señales de radar de los aviones que ingresan de forma legal al país. Pero ese funcionamiento quedó a cargo de la Fuerza Aérea. La Dinac realizó la compra, pero luego lo donó. Ahora la Fuerza Aérea es la que debe entregar los certificados.
Esta falta de certificación fue denunciada el año pasado a la Contraloría, los resultados de este informe fueron publicados el día de hoy.
El pago a la empresa se produjo durante la administración de Édgar “Beto” Melgarejo. El mismo renunció al cargo en abril del 2020 tras una investigación periodística que reveló compras de insumos médicos sobrefacturados, adquiridos bajo su gestión.
Una investigación periodística reveló en el 2019, que de Bolivia salen cada día, alrededor de 30 narcoavionetas con destino a Brasil y Paraguay. Como el país vecino cuenta con la ley de derribo de vuelos clandestinos, se estima que la mayoría de esos vuelos vienen a nuestro país.
Conforme al dictamen jurídico, la Contraloría remitió al Ministerio Público para que inicie las investigaciones.
