No se deben manejar a la ligera las garantías constitucionales.
El caso de la diputada condenada a 30 meses de prisión en Estados Unidos por el delito de lavado de dinero pone de nuevo sobre el tapete el tema de la ficha limpia exigible para lanzar candidaturas a cargos elegibles. Son pocos los países latinoamericanos que han llevado adelante esta iniciativa. Uno de ellos es Brasil, que en 2010 puso en vigencia la ley complementaria 135 que vuelve inelegibles a los ciudadanos que tengan sentencia firme en segunda instancia por delitos contra la administración y el patrimonio públicos, el patrimonio particular, el sistema financiero, el mercado de capitales, etc. La ley se hizo necesaria porque, al decir de analistas jurídicos, existía en la sociedad brasileña la convicción de que era impostergable mejorar la calidad de la representación política cerrando el paso a las candidaturas de ciudadanos cuyo pasado se revelara como no recomendable para aspirar a un mandato.
A partir de allí se abrió en Brasil una fuerte polémica sobre la constitucionalidad de dicha ley frente al compromiso de la clase política de preservar garantías como la presunción de inocencia y la proporcionalidad de la medida, esto es, casar el derecho de rango constitucional de aspirar a cargos electivos en comicios generales o internos partidarios.
Uno de los primeros casos juzgados dentro de la ley de ficha limpia fue el del exalcalde Paulo Maluf, condenado en primera instancia por corrupción por un tribunal de Sao Paulo. En base a ello, la justicia electoral le impidió a Maluf aspirar a un segundo mandato como diputado. Tras apelar la sentencia, Maluf fue absuelto y su candidatura aceptada.
Pero el caso más resonante fue el de Luiz Inacio Lula daSilva, dos veces presidente de Brasil y juzgado y condenado como parte de una investigación abierta por lavado de dinero conocida como Lavajato. Más adelante, Lula fue liberado y absuelto de cargos por el Supremo Tribunal Federal tras una investigación en la que el juez Sergio Moro aparecía fraguando causas contra Lula en connivencia con varios fiscales. Desde esos días empezó a correr el término lawfare que define el uso indebido de procesos judiciales para sacar de escena, principalmente, a políticos en campaña.
La polémica sigue abierta y es bueno que así sea.
Bienvenido el debate porque no deben manejarse a la ligera las garantías constitucionales.
