Por esta situación, según los documentos publicados por el mismo Grau, el pasado jueves 31 de marzo, la comuna recibió una intimación fiscal para responder si efectivamente realizó un desembolso.
El contexto es el siguiente; Alberto Abujamra, accionista mayoritario de la firma EMPO S.A. denunció que fue estafado por los directivos de la empresa; Enrique Ortuoste y Arivaldo Domínguez, e inicia acciones penales. Tal situación se informa a la administración de Óscar “Nenecho” Rodríguez en abril del año 2021.
“De todo esto solicité informes a la Municipalidad de Asunción, pedido que fue denegado, alegando que el canal de información entre la Junta Municipal y la Intendencia es la presidencia de la Junta Municipal. Esto es información pública nada puede ni debe esconderse, si no hay nada que temer, ¿por qué no responden estas preguntas?”, cuestionó. El concejal señaló que la falta de transparencia en la información, y el supuesto pago apresurado y a las escondidas a días de las internas municipales, generan desconfianza y fundadas sospechas hacia el Ejecutivo Municipal.
“Por lo que exijo a ‘Nenecho’ y a Federico Mora que respondan los oficios remitidos por la Fiscalía y a la ciudadanía sobre esta denuncia gravísima acerca del manejo de los recursos de todos los asuncenos”, comentó.
ANTECEDENTES
Este no es el único caso relacionado a la firma EMPO S.A. y que salpica a las autoridades comunales. El otro caso guarda relación con una concesión irregular del servicio de recolección de basuras a la empresa Empo S.A. por parte de las entonces autoridades comunales.
La irregularidad pasa principalmente porque Mario Ferreiro, entonces intendente de la comuna con el apoyo de Rodríguez (presidente de la Junta Municipal en aquel momento) y los 11 concejales, aprobaron el pago de G. 1700 millones a la citada firma para la concesión del servicio.
Sin embargo, Enrique Ortuoste y Arivaldo Domínguez de Queiroz, representantes de la empresa, habían presentado previamente documentos de cumplimiento tributarios falsos, papeles que fueron obviados supuestamente de forma adrede por las autoridades comunales imputadas.
El vertedero Cateura funciona desde 1985. En el año 2005, la Municipalidad de Asunción licitó el predio y firmó el contrato con Empo Ltda por 30 años.
En 2018, tras la constatación de varias irregularidades cometidas por la empresa Empo Ltda., la Contraloría General de la República recomendó a la municipalidad rescindir el contrato con la firma.
En octubre de 2018 concejales transfirieron el contrato que tenían con la firma en cuestión, en mora con el Estado, a otra empresa, también de su propiedad, llamada Empo SA. Así se podría evadir el pago de G. 50.000 millones en tributos aproximadamente.
En diciembre de ese año, Enrique Ortuoste y Arivaldo Domínguez de Queiroz, representantes legales de Empo LTDA y Asociados, fueron imputados por los delitos de producción de documento no auténtico y estafa.
