En enero del año pasado, un grupo de legisladores de la oposición intentó impulsar el pedido de destitución tras el encarcelamiento del líder opositor Efraín Alegre, pero ante el silencio de Mario Abdo Benítez, Presidente de la República, el oficialismo no apoyó el pedido, quedando en la nada.
Hugo Estigarribia, abogado constitucionalista, afirmó que hay razones sobradas y suficientes para enjuiciar y destituir a Sandra Quiñónez, Fiscal General del Estado.
“Si no fue destituida antes fue por la protección del oficialismo. La señora no representa a la sociedad. Ahora es cuestión de números. Pero en el supuesto de que no sea enjuiciada, quedará muy debilitada”, afirmó.
Los ocho diputados llanistas de la Cámara Baja jugarán un papel clave, ya que seis votos faltan para concretar la destitución. Legisladores de la bancada pidieron tiempo hasta el domingo para leer y evaluar el libelo acusatorio. Y que después de ello darán a conocer una postura oficial.
“Yo creo que si quieren tener futuro político muchos de estos diputados deberán votar a favor. Ahora tienen una alianza coyuntural con Cartes y si votan en contra, confirmarán que hay dinero corriendo para evitar la destitución”, comentó.
POBRES ACTUACIONES
Shirley Gómez, analista política, afirmó que definitivamente corresponde la destitución de Quiñónez. Esto por las pobres actuaciones que desplegó el Ministerio Público en varios casos que tomaron estado público por su relevancia.
“Creo que es posible la destitución. Estamos en un contexto donde prima la presión social. Algo que antes no teníamos. Un contexto donde la oposición y el oficialismo están en la misma línea. Se deben tener en cuenta que las elecciones están cercanas y les podría pasar factura”, comentó.
NO APTOS
Jorge Rolón Luna, exmiembro de la Comisión Verdad y Justicia, señaló que el poder político del Partido Colorado en el Congreso y en el Consejo de la Magistratura, termina siempre desembocando en la designación de fiscales generales no aptos para el cargo.
“Totalmente mediocres y sin ningún tipo de trayectoria. Son personas fáciles de manipular porque tienen que devolver el favor de haber sido nombradas para un cargo que les queda grandes. Así ha sido casi siempre”, cuestionó.
Finalmente cuestionó el episodio de torturas de Ciudad del Este, ocurrido hace dos años por parte de efectivos de la marina contra 40 personas.
“Es una vergüenza donde hay tantos elementos probatorios, no hay un solo imputado. Es el ejemplo de cómo la Fiscalía está para defender intereses espurios y no castigar violaciones flagrantes a los derechos humanos. La FGE no es autónoma y está sometida a poderes políticos muy fáciles de identificar”, culminó.
