De cara al inicio de clases, que cada vez se encuentra más cercano, la situación edilicia de las instituciones para recibir a los estudiantes constituye uno de los puntos a ser analizados por la urgencia que requiere empezar el año lectivo en un contexto de calidad y ordenamiento académico.
La refacción de la infraestructura de los colegios, así como la cimentación de nuevas aulas, siguen observándose como la deuda que el ministerio de Educación y Ciencias (MEC) nunca termina de pagar antes del inicio de cada año lectivo.
Para el director de la ONG Juntos por la Educación, Oscar Charotti, resulta indispensable el comienzo de clases en la modalidad presencial, teniendo en cuenta los desgastantes años atravesados durante la pandemia a través de la educación virtual. Sin embargo, la misma debería generarse en un contexto de condiciones, infraestructuras, equipamientos y materiales.
En ese sentido, el especialista indicó que pese a algunos incumplimientos en torno a la ejecución presupuestaria y el aporte del Fondo Nacional de Inversión Pública y Desarrollo (Fonacide), se logró inyectar un volumen de inversión muy importante en términos de infraestructura educativa a lo largo de los años.
“Tal es el punto que, en los últimos 10 años, se llevó a cabo el 80% de la inversión de la infraestructura educativa en todos En ese sentido, el factor de la inversión es tremendamente mayor de lo que fue en décadas anteriores, pero de todos modos sigue siendo insuficiente”, indicó Charotti.
Por ello, según el director de la ONG, se debería analizar si el elevado nivel de inversión trajo consigo una mejora relativa de las condiciones de infraestructura, pues no existen datos específicos como informaciones públicas para identificar los avances en el contexto mencionado.
“No existen posibilidades para determinar las condiciones de infraestructura en el 2012 y posteriormente en el 2018, e incluso ahora. No se puede analizar la evolución de la infraestructura en educación”, determinó Charotti.
EL ENTE RECTOR
El director de Juntos por la Educación aclaró que el MEC es y siempre será el ente rector y responsable de la infraestructura educativa a nivel nacional, en el marco de un proceso de desconcentración de sus recursos y la gestión de los procesos. Esto teniendo en cuenta que desde la cartera manifestaron que en la zona del interior, generalmente, la responsabilidad de las mejoras en infraestructura corre por cuenta de los municipios.
“El ministerio debe recibir las obras, acompañar la fiscalización y no puede permitir que se haga cualquier cosa. Ahora sí, el presupuesto del MEC en lo que refiere a infraestructura es prácticamente inexistente y al menos para este año ha sufrido un recorte enorme”, manifestó.
En ese sentido, comentó que el Fonacide aportó un proceso de desconcentración de la gestión de infraestructura; esto quiere decir que determinados distritos reciben recursos para terminar la infraestructura de las escuelas, pero las mismas siempre serán propiedad del MEC.
En teoría el Municipio no debería decidir qué hacer, qué construir o en qué invertir los recursos del Fonacide, sino remitirse a lo que la cartera de Educación determina. Sin embargo, desde el 2015 que se creó un proyecto en términos de infraestructura y hasta la actualidad siguen siendo gestionados y no se terminan las obras proyectadas.
“Nada nuevo se puede abordar en el presupuesto de educación y por ende depende muchísimo de los municipios para hacer frente a los requerimientos de infraestructura, pero siempre recordando que el MEC es el ente rector de las políticas normativas y no puede dar la espalda a esa responsabilidad”, indicó el Charotti.
Haciendo una ejemplificación del aporte que reciben las municipalidades, que luego debe ser controlado y determinado por el MEC, en el 2020 el Municipio de Asunción recibió del Fonacide G. 57.025.052.705, de ese monto, G. 28.512.526.353 debía destinarse a infraestructura, para 119 aulas nuevas y 321 aulas a reparar; 70 baños nuevos y 136 baños a reparar; además de 11.680 juegos de sillas y mesas.
Esto, mientras que G. 17.107.515.812 debía destinarse a la alimentación de 26.127 estudiantes de Educación Inicial y Educación Escolar Básica que requieren almuerzo.
