Si la narcopolítica cierra sus tenazas será el fin del estado de derecho
El ministro del Interior hizo una extensa presentación ante el Congreso. Fue un desfile de documentos, investigaciones, filminas, datos y un cúmulo de informaciones que, según el presentador, comprometen seriamente a un expresidente de la República y revelan una trama conspiraticia que permea hasta los más íntimos círculos que rodean al presidente de la República.
La pregunta que surge es: Siendo un hombre público, y teniendo acceso a tal cantidad de evidencia, ¿por qué no radica una denuncia ante la Fiscalía General del Estado, que es el órgano jurisdiccional obligado a recibir su presentación y actuar en consecuencia?
Se podría alegar que es una pregunta retórica, esas que ya tienen respuesta aún antes de formularlas. Porque la respuesta previsible es “para qué hacerlo, sería una pérdida de tiempo”.
Pero optar por semejante actitud equivaldría a reconocer que no tenemos estado de derecho, que el Paraguay ya no es una República y que hemos retrocedido siglos en nuestras conquistas ciudadanas.
El señor Ministro del Interior debe hacer la movida y concretar su denuncia ante la Fiscalía General del Estado o cualquiera de las fiscalías jurisdiccionales. Hay una variedad de instancias, por ejemplo, la unidad especializada en lavado de dinero que, según se afirma, tiene capacidad para identificar las técnicas utilizadas por los delincuentes así como “las estructuras y esquemas que se manejan para ocultar el origen ilícito de los fondos”. También existe una unidad adjunta enfocada en delitos económicos y anticorrupción que atiende denuncias sobre casos que “afectan la administración del Estado en detrimento del interés público” y que puede encarar cualquier episodio que golpee el orden económico nacional con un significante perjuicio patrimonial para particulares y para el Estado.
Si la Fiscalía General cajonea la denuncia quedará en evidencia ante el país dada la aparente contundencia de la presentación del Ministro. Habrá que ver si el Congreso, rápido para plantear un proceso al denunciante, tiene la misma diligencia para juzgar, por las causales contempladas en la Constitución, al Fiscal General.
Es hora de que los políticos digan públicamente, con nombre y apellido, si se alinean con el crimen organizado o con el estado de derecho.
Si la narcopolítica logra cerrar sus tenazas, será el fin de la República tal como la conocemos.
