Potentados al asalto de un ente con misión social
Las enfermedades potencialmente terminales para la vida ponen a las personas en situación límite. Sólo una minoría de personas dispone de recursos propios para intentar doblarle la mano al destino y salvar la vida del enfermo. Pero en la mayoría de los casos, el hogar impactado sólo cuenta con dos opciones: el Instituto de Previsión Social si es cotizante del sistema, o los hospitales públicos como último recurso.
El IPS fue constituido por un decreto-ley de 1943. La urgencia por encaminar un sistema previsional de salud y retiro queda revelada en el artículo 2° que expone el grave panorama de salud pública que enfrentaba el Gobierno: “Los enfermos de tuberculosis y lepra, a más de asistencia médica y farmacéutica, tendrán derecho al subsidio pecuniario que en su oportunidad se reglamentará. Los enfermos de otras afecciones gozarán solamente de la atención médica y farmacéutica…”. Ambas afecciones desnudaban la alta precariedad de condiciones de vida que regía en aquellos años vapuleados por una guerra mundial y por convulsiones políticas internas. El Gobierno consideraba “justo y humano que el Estado y el patrón cuiden la salud de los empleados, obreros, padres, etc …”. En suma, era política pública de alta prioridad sostener en la adversidad, mediante un sistema solidario, a las capas de la población menos favorecidas en sus condiciones sociales y económicas.
Pero la historia prueba que estos fines fueron distorsionados a medida que los centros médicos evolucionaron incorporando especialidades médicas, aparatología y tecnología periférica de alta complejidad, la mayoría, procedimientos muy costosos. Es entonces cuando apareció la peor especie de parásitos del sistema previsional, los políticos amorales y, últimamente -dado el resonante caso del pastor de marras- gente que disponiendo de patrimonio suficiente para afrontar por su cuenta una medicina extremadamente cara, apela a padrinazgos e influencias políticas para beneficiarse con atención gratis en una entidad reservada sólo para contribuyentes del sistema.
Estos casos nos llenan de vergüenza como República y desatan, al mismo tiempo, la justificada indignación de ciudadanos que deben esperar meses una atención y, más de una vez, conformarse con una palmada en la espalda y un “tiene turno para dentro de seis semanas”.
Tanta inmoralidad es francamente intolerable.
