El trágico fallecimiento de Francisco Villalba Cubas, un pescador de 52 años de Coronel Oviedo (Caaguazú), durante una jornada de manifestaciones contra el bombeo irregular del Río Tebicuary, puso en el centro de la opinión pública la labor de los arroceros.
Villalba Cubas falleció tras el ataque de tres jóvenes quienes se vieron involucrados previamente en una pelea a puños con la víctima y otros manifestantes.
La manifestación fue debido a la bajante que posee el río y que afecta tanto a pescadores, como al resto de la población. Exigían a los arroceros al cese del bombeo.
Esto no se trata de un hecho aislado. Desde el 2017, organizaciones sociales como Defensores del Río Yhaguy y la Contraloría Ciudadana de Primero de Marzo (Cordillera), vienen denunciando el bombeo de dicho cauce hídrico. En este caso, la empresa denunciada es la Ganadera Piri Puku S.A. de Fernando Serrati.
Sin embargo, a pesar de elevar las denuncias a las entidades pertinentes, tres años después, siguen padeciendo del flagelo.
NO GENERALIZAR
Ignacio Heisecke, presidente de la Cámara Paraguaya de Industriales del Arroz (Caparroz), expresó que existe una sequía única en la región que en más de 30 años no se tenía. Además, resaltó que existen cauces hídricos donde no existe influencia de pescadores ni de arroceros, pero igual se está secando.
“Existe un estrés hídrico que no se ve desde hace tiempo. Desde el punto gremial venimos trabajando con el Ministerio del Ambiente (Mades) hace más de quince años. En diferentes cauces donde trabajan productores arroceros”, señaló.
Sobre el caso del río Tebicuary afirma que desde hace 15 años hacen mediciones para conocer con exactitud si pueden hacer bombeos.
“Cuando los números indican que el cauce no se puede utilizar, el arrocero debe recurrir a los reservorios. A partir de ahí las responsabilidades son únicas del productor, hay que ubicarlos con nombre y apellido a las personas que están extrayendo agua del río cuando las condiciones no los permiten”, expresó.
En otras palabras, el titular del gremio instó a no generalizar a todos los arroceros como causantes del impacto ambiental.
“Nos parece muy injusto esta masificación de arroceros como causantes del problema. Desde el momento que uno extrae la licencia, ese productor es el responsable de sus acciones”, afirmó.
VIOLENCIA
Sobre la trágica muerte del pescador, el empresario afirmó que los productores no tuvieron nada que ver.
“Fue una gresca por un malentendido. Nada tiene que ver con la manifestación que se estaba dando. Hay que separar las cosas, mezclando y tergiversando. Cada uno tiene responsabilidad sobre sus acciones”, dijo.
BENÍTEZ
Víctor Raúl Benítez, economista, analista de negocios y director de la empresa de inversiones Planner Capital, explica que el 80% del arroz que se produce en el país se exporta. El principal comprador es el Brasil.
“Si Sao Paulo se entera que el arroz paraguayo es ilegal e informal, producto del robo de aguas públicas puede producirse un boicot que haga perder la mitad de las ventas”, afirmó.
Advirtió que los arroceros están jugando con fuego con esta situación. Insta a la construcción de tajamares gigantescos como se realiza en el Chaco.
El analista señala que si el Instituto Brasilero del Medio Ambiente (Ibama) se entera de esta situación con los productores, pueden generarse inconvenientes al momento de exportar estos cereales.
“Lo más importante es que los países compradores tienen leyes de protección ambiental muy severas. Me preocupa que estamos haciendo un dumping medioambiental, destrucción del medioambiente para producir un producto barato”, afirmó.
Finalmente recomendó a la Caparroz hacer las denuncias a las infractoras para que no se generalice a todos los productores como infractores del medioambiente.
