Los impulsores del pedido fueron los diputados de Patria Querida, Rocío Vallejo, Sebastián García y Sebastián Villarejo. El objetivo es buscar algunas irregularidades desde el inicio de la gestión de González. Atendiendo que solo en la utilización de recursos provenientes de la ley de emergencia, en el 2020, se encontraron serias anormalidades.
Por pedido de Villarejo, la auditoría también será realizada por Contraloría, algo que, en principio, no estaba incorporado.
SAMANIEGO
Lilian Samaniego, senadora colorada independiente y presidenta de la Comisión, señaló que con la aprobación de los pedidos de informes, se afirma el compromiso que tienen para transparentar las gestiones.
El pasado 1 de noviembre, Rodrigo Estigarribia, fiscal de la Unidad Especializada de Delitos Económicos del Ministerio Público, imputó al gobernador de Central y otras 14 personas por lesión de confianza, declaración falsa, producción de documentos no auténticos y asociación criminal. Esto por la supuesta malversación de G. 5.105 millones que la gobernación debía destinarlos a la mitigación de la pandemia.
Una semana después, el 8 de noviembre, los concejales departamentales aprobaron el pedido de intervención. Dos semanas después, el Ejecutivo remitió el pedido a la Cámara Baja. Finalmente, el 15 de diciembre, el pedido fue mandado al archivo.
MIGUEL PRIETO
Del Pilar Medina, diputada colorada cartista, se adelantó a los hechos un poco antes. Debido a que el pedido de fiscalización integral ya estaba en el orden del día, la legisladora solicitó sobre tablas un proyecto de resolución similar que afecte a la intendencia de Ciudad del Este de Miguel Prieto (político líder de varios movimientos opositores esteños).
“En virtud de que existen mas de 19 denuncias en ese municipio en contra del intendente sobre mal manejo de los fondos y falta de transparencia. Hago ese pedido para que se pueda aclarar la situación a toda la ciudadanía”, afirmó.
Este pedido, al igual que el ya citado, fue aprobado por una amplia mayoría.
Una de las 19 denuncias que pesan contra el intendente de Ciudad del Este, trata sobre la compra de 2000 tapabocas por G. 28 mil supuestamente. La firma adjudicada fue Gaesa S.A. y el monto total del llamado fue de G. 56 millones.
