El 2021 se tiñó de luto no solo por la muerte de miles de paraguayos como consecuencia del Covid-19, sino también por la ola de desalojos que azotó a las comunidades indígenas. De hecho, la situación de vulnerabilidad que agobia a los nativos fue una de las causantes que motivó a la Coordinadora de Derechos Humanos del Paraguay (Codehupy) a calificar al año como “luctuoso”, en su informe anual.
“La situación de e los pueblos indígenas se agravó con ocho desalojos, que se dieron durante el año. Tenemos un proceso de acaparamiento de tierra, que deriva también en el incremento de acciones y leyes represivas”, explicó Rodrigo Villagra, presidente e investigador de la Organización Tierraviva, que brinda apoyo jurídico a los pueblos indígenas del Chaco.
En este sentido, el abogado y doctor en antropología social recordó la
polémica ley que criminaliza la “invasión” de inmuebles y condenaría por hasta 10 años de cárcel a quienes incurran en la práctica. La legislación fue promulgada por el Ejecutivo en octubre de este año.
“Si existiese un estado de derecho, se debería aplicar esta ley no a indígenas, pero sí a latifundistas o ganaderos, que están invadiendo las propiedades comunitarias indígenas, bajo la inactividad del Estado”, explicó.
Según datos proveídos por el experto, existen en el país unas 800 comunidades indígenas. No obstante, más de un tercio de sus tierras está alquilada o afectada por invasiones, por uso indebido o la contaminación de su agua.
Pobreza y discriminación afectan a pueblos indígenas
“El nivel de educación de la población general es de siete años, en promedio. Sin embargo, es de tres años en la población indígena. Además, el nivel de pobreza es altísimo: el 75% de los nativos vive en extrema pobreza”, detalló.
Además, agregó que para el 2022 no hay perspectivas de mejora y que se vendría la “continuidad” del año luctuoso, si el Estado no brinda asistencia integral a los pueblos indígenas.
“Se debe aumentar sustancialmente el presupuesto para la restitución de tierras indígenas. La propia Corte podría pedir informes a todos los juzgados de la República para ver los procesos que afectan a la comunidad indígena. El Ministerio Público podría tomar un mandato constitucional en defensa de los derechos de los pueblos”, refirió.
Asimismo, comentó que el Estado ni siquiera ha culminado de documentar a todos los nativos, que debido a esta problemática no pueden acceder a servicios básicos como la salud.
“La pandemia también afectó a los pueblos indígenas, que recibieron muy poco nivel de asistencia. Creemos que se puede puede hacer más, principalmente en lo que respecta a asistencia ante desastres naturales, que se ven agravados por el cambio climático y la deforestación”, finalizó.
