La Cámara de Diputados rechazó con 42 votos contra 31 el pedido de intervención en contra de la Gobernación Central administrada por Hugo Javier González. Unos siete legisladores estuvieron ausentes. El argumento del bloque colorado que votó por el rechazo fue una “supuesta persecución política” en contra de González. Con esto, el pedido pasa al archivo.
ORADORES
Durante la sesión ordinaria, Kattya González, diputada nacional por el PEN, señaló que se detectaron múltiples irregularidades durante los últimos tres ejercicios fiscales en la gobernación Central. En total, todas juntas suman G. 24.727 millones (US$ 3,5 millones).
“Es una corrupción monumental emanada de los organismos del Estado, no deja lugar a dudas. Una gestión que en lugar de servir y ayudar a la gente se dedicó a montar un esquema de robo y saqueo en beneficio de un grupo”, criticó.
Carlos Sebastián García, diputado nacional por el partido Patria Querida, lamentó por su parte, que los legisladores no demuestran solidaridad por la ciudadanía que perdió a familiares por no poder costear camas de terapia intensiva.
“No hay nada más miserable que robar recursos para combatir la pandemia. Lastimosamente es una nueva trompada a la gente. Se ponen números, documentos y evidencias de instituciones que responden al Partido Colorado, pero prima el pacto, los acuerdos y quien sabe qué cosas más detrás”, lamentó.
El legislador advirtió que el riesgo de la tercera ola es cada vez más latente, pero que ellos están blanqueando el robo de los recursos que se debían destinar para reforzar el sistema sanitario.
“No nos importó lo que pasó con los insumos chinos, lo que pasó con los municipios, y menos esto. Es demasiado contundente los números y documentos para negarnos a una investigación pormenorizada”, lamentó.
Basilio Núñez, diputado nacional colorado (cartista), acusó a la oposición de querer recuperar la gobernación de Central por una vía alternativa a las elecciones democráticas.
“No tienen en cuenta la deuda que dejó el gobernador anterior (por el actual senador liberal Blas Lanzoni). Se llevaron todo, hasta los grifos. Quedó una deuda de G. 14.000 millones que se debían destinar a la compra de vasos de leche”, respondió.
CONTEXTO
El pasado 1 de noviembre, Rodrigo Estigarribia, fiscal de la Unidad Especializada de Delitos Económicos del Ministerio Público, imputó al gobernador de Central y otras 14 personas por lesión de confianza, declaración falsa, producción de documentos no auténticos y asociación criminal. Esto por la supuesta malversación de G. 5.105 millones que la gobernación debía destinarlos a la mitigación de la pandemia.
Una semana después, el 8 de noviembre, los concejales departamentales aprobaron el pedido de intervención. Dos semanas después, el Ejecutivo remitió el pedido a la Cámara Baja. Finalmente, ayer, el pedido fue mandado al archivo.
