Se produjo una división de los votos. Héctor Capurro y Juan Carlos Zárate votaron a favor. Mientras que Cándida Fleitas votó en contra.
Para el sobreseimiento se tuvo en cuenta un acuerdo de reparación de G. 121 millones, ofrecido por el legislador, por el daño patrimonial generado a la Cámara de Diputados.
El fiscal Luis Piñánez pidió revocar el fallo debido a que no se cumplieron los requisitos para la extinción de la acción penal. Sin embargo, su pedido fue rechazado por el tribunal.
CONTEXTO
El pasado 16 de noviembre, el Ministerio Público acusó a Rivas por estafa y cobro indebido de honorarios. Esto, tras una publicación periodística, publicada en febrero del 2017, que reveló que tres personas que prestaban servicios en sus residencias figuraban como funcionarios de la Cámara de Diputados.
Se trata de Reinaldo Chaparro, Lucio Romero y Nery Franco. Los tres figuraban como funcionarios públicos de la Cámara Baja, aunque, en realidad, eran empleados particulares del parlamentario. El delito se produjo entre julio del 2016 a marzo del 2017.
Chaparro era casero de Rivas de su casa ubicada en Lambaré. Romero trabajaba en la estancia del legislador ubicada en el distrito de Mbuyapey del departamento de Paraguarí. Finalmente, Franco era empleado de un comercio que posee Rivas en la ciudad de Ybycuí (Paraguarí).
Los dos primeros percibían salarios de G. 2 millones mensuales, mientras que el tercero, percibía un sueldo de G. 3 millones. Tanto Chaparro como Romero, generaron un daño patrimonial de G. 34 millones (sumados los dos), mientras que Franco, generó un daño patrimonial de G. 24 millones.
La Fiscalía, a través del fiscal Luis Piñánez, finalmente en abril del 2019 imputó al legislador. El 22 de mayo siguiente, el mismo Rivas, pide su desafuero para poder ser investigado por la Justicia.
En octubre del 2019, la Cámara de Diputados, rechazó y archivó el pedido de pérdida de investiduras contra Rivas, Carlos Portillo (hoy ya destituido) y Ulises Quintana. Durante las votaciones en el caso del primero, 43 diputados votaron en contra de la expulsión, 19 a favor y hubo dos abstenciones.
Mediante chicanas judiciales, logró dilatar el proceso durante tres años. El argumento del legislador fue que se trataban de su chofer y secretarios privados, contratados por el cupo que tiene cada legislador.
RECHAZO
Desde octubre del 2019, tres centros comerciales, una pizzería y una sastrería, declararon personas no gratas a Rivas, Portillo y Quintana.
Se trata de los shoppings Mariano, Mariscal y Del Sol, la pizzería Tarantella y las sastrerías Robert.
