El creciente gasto superfluo del Estado paraguayo
Según una de las candidatas a ocupar la Defensoría del Pueblo, la prioridad en este organismo es su fortalecimiento institucional, gestionando mas presupuesto en el Congreso ya que todo el dinero que hay se dedica a gastos corrientes. Es más, según la aspirante a defensora, se derivan recursos y talento humano a acciones que nada tienen que ver con el mandato, lo que sugeriría una flagrante malversación continuada de bienes públicos.
La Defensoría del Pueblo fue creada en 1995 por ley del Congreso. Una de las disposiciones de la ley 631/95 que más veces fue modificada es la relativa a las indemnizaciones que pueden reclamar el cónyuge supérstite de la víctima o sus parientes consanguíneos hasta el primer grado. Fue modificada en los años 1996, 1999, 2002, 2004, 2008, 2010 y 2011, lo cual evidencia la especial atención que el tema indemnizaciones en metálico ha recibido de los celosos administradores de la oficina. A guaraníes actuales, cada víctima o pariente puede aspirar a una indemnización que va de Gs. 126 a 252 millones.
Las diversas defensorías se llevan al año un montón de plata presupuestaria. La del Pueblo, que veíamos, insume cada ejercicio Gs. 13.858 millones en gastos corrientes (especialmente en salarios, aguinaldos, bonificaciones, etc.), dejando a gastos de capital Gs. 87 millones. Después está la Defensoría del Consumidor que tiene asignados otros Gs. 5.600 millones y finalmente, el Mecanismo (sic) de Prevención de la Tortura, que se queda con otros Gs. 5.200 millones.
En total, el generoso presupuesto general de la Nación (PGN) del año próximo detinará a estas tres entelequias casi Gs. 25.000 millones para unos resultados que nadie sabe cuan gravitantes son en la marcha institucional del país. ¿Está mejor cuidado el consumidor? ¿Se tortura menos en las cárceles, qué datos hay al respecto aparte de estadísticas de personas detenidas que suponemos tendrán también el Poder Judicial y el ministerio del ramo?
Aunque suene repetitivo decirlo, es evidente que no hay un análisis costo-beneficio sobre los raudales de dinero que gasta el Estado en organismos, oficinas e instituciones inverosímiles, llenas de funcionarios cobrando crecidos salarios y gastando fortunas en ítems cuya legitimidad debería ser objeto de análisis. No tenemos tanto dinero para seguir gastándolo a lo loco.
Y todavía piden más.
