La semana que culminó tuvo como centro de debate dos temas muy sensibles para la economía de la gente, la economía de verdad. Primero, el Banco Central del Paraguay (BCP) informó que los precios de componentes de la canasta básica no hacen otra cosa que subir, en especial los alimentos y segundo, la deducibilidad del IVA de compras de supermercados para profesionales, una polémica espina que Tributación removió.
Solo para no dejar pasar la incoherencia: Desde Hacienda defienden que se debe avanzar en términos de equidad tributaria. En esta línea no estaría mal rever el mecanismo de fijación de impuesto inmobiliario de tierras productivas de alto valor que hoy tributan sumas ridículas (fuera de precios de mercado) y empezar a exigir emisión de facturas a negocios unipersonales que están operan informalmente prácticamente en la entrada de la sede Central del Tesoro. En fin, siguiendo con la suba de precios registrada en los tres meses previos, la inflación de agosto cerró en 0,9%, acumulando 3,6% en lo que va del año; mientras que la inflación interanual fue de 5,6%, el dato más alto registrado en siete años. ¿Y a las capas más vulnerables de la sociedad? ¿Cómo les repercute la inflación?
Las respuestas que dan las distintas corrientes económicas proponen un apasionante debate. Los economistas clásicos, de corte liberal, defenderán que, al aumentar los precios, los salarios también se incrementarán en la misma medida. Por tanto, no es necesario ningún tipo de intervención, puesto que el mercado acabará alcanzando una situación de equilibrio. En el lado opuesto se encuentran los keynesianos. Así, cuando los precios aumentan, los salarios reales caen, perdiendo poder adquisitivo los trabajadores. Por tanto, con unos salarios que no se ajustan a la inflación, la demanda agregada disminuye y la economía decrece. Es aquí donde los keynesianos defienden la entrada en juego del sector público, que debe aumentar el gasto para mantener el nivel de demanda agregada.
Dejando a un lado el debate entre keynesianos y clásicos, las clases sociales con menores recursos económicos pagan menos impuestos directos (IRPF) o incluso pueden acceder a exenciones fiscales. Pero la inflación es un fenómeno del que no pueden librarse. Se dice que la inflación es “el impuesto de los pobres” si los precios aumentan por encima del nivel de los salarios. Pongamos por caso que, todos los años, los sueldos aumentan un 8%, pero la inflación es del 12%. En este caso, el poder adquisitivo de los que menos tienen se irá erosionando a cada año que pasa. Las personas con rentas más bajas, destinan la mayor parte de sus ingresos a la compra de productos de primera necesidad como los alimentos. Si año tras año, los precios continúan creciendo por encima de los salarios, los menos pudientes tendrán problemas para comprar los bienes más imprescindibles para su supervivencia. Ante una continua pérdida de poder adquisitivo, las rentas más bajas cada vez dedican un mayor porcentaje de sus ingresos a la compra de alimentos. Así, quienes tienen bajos ingresos encuentran dificultades para poder comprar una vivienda, para gastos sanitarios o para disfrutar del ocio.
