Rozando lo absurdo, la Comandancia de la Policía Nacional, a cargo del comisario general comandante Luis Ignacio Arias Navarro, negó cualquier tipo de información sobre la institución a su cargo. Una evidencia clara de la falta de transparencia en cuanto a políticas públicas de seguridad ciudadana se refiere.
El 22 de julio del 2021, a través del portal oficial unificado de Acceso a la Información Pública, un miembro del Equipo Periodístico de El Independiente solicitó datos claves para evaluar la verdadera capacidad de respuesta que tienen las fuerzas públicas ante la inseguridad.
Sin embargo, ninguna respuesta fue brindada en forma requerida y lo demás fue absolutamente denegado por la institución policial. Es importante dejar en claro que en ningún momento se requirió datos que tengan que ver con secretos de estado o que afecten a la seguridad nacional.
Es importante mencionar que dentro de la solicitud se pidió un resumen de la cantidad de efectivos policiales afectados a tareas administrativas, los que realizan el servicio de escolta o vigilancia domiciliaria, así como el número de agentes que se encuentran comisionados a la seguridad de instituciones públicas.
La respuesta del comandante de la Policía Nacional fue denegar la información solicitada basándose en parte del artículo 2 de la Ley N.º 5282 / Libre Acceso Ciudadano a la Información Pública y Transparencia Gubernamental, que menciona que no podrá ser entregados los dados que se encuentren establecidos como secretos o de carácter reservado por las leyes.
Además, menciona que la negativa fundada en el Decreto N.º 4064/15 que estipula que la divulgación de la información podrá causar daño sustancial a un interés protegido por la Ley, y que la probabilidad y el grado de dicho daño sea superior al interés público.
Sin embargo, ante el pedido de informe ya se planteó el recurso de consideración, entendiendo que informar sobre la cantidad de policías están desplegados para labores policiales en calle o en unidades técnicas no son de carácter reservado, atendiendo que la seguridad ciudadana es de interés general.
Para entender lo paradójico de la situación, en la solicitud #44962 se requirió el número de oficiales y suboficiales que realizan el servicio de escolta , sea por requerimiento fiscal, judicial o por orden superior. Información también denegada.
Sin embargo, esto es resulta sumamente llamativo porque hace un tiempo desde el mismo Ministerio del Interior y desde la Comandancia de la Policía Nacional se daba a conocer la cantidad de uniformados policiales destinados a la seguridad de parlamentarios, sin embargo, ahora niegan el dato que ellos mismos habían hecho público.
NI VEHÍCULOS
Pero no solamente no informa sobre los destinos de los uniformados, el comisario general Luis Arias también niega transparentar datos que tienen que ver con el parque automotor de la Policía Nacional.
En medio de precariedades, y a la hora de analizar políticas públicas de seguridad ciudadana, es sumamente relevante determinar la capacidad de respuesta, y esto está unido directamente con los vehículos que las fuerzas públicas tienen disponible para su uso.
Y finalmente, aunque en la página oficial de la Policía Nacional estén publicados la nómina de oficiales, suboficiales y funcionarios, en los formatos publicados no permiten determinar el número exacto de agentes, hasta el resumen en número no son capaces de brindar.
