En la siesta del miércoles 9 de septiembre del 2020, en las inmediaciones de la Estancia Tranquerita la supuesta Brigada Indígena del autodenominado Ejército del Pueblo Paraguayo (EPP) ejecutó el secuestro del ex vicepresidente de la República, Oscar Denis, quien se encontraba trabajando en el establecimiento ganadero ubicado en el distrito de Yby Yaú, departamento de Concepción.
Pasaron ya once meses de aquel hecho pero la familia sigue sin tener alguna información sobre las condiciones en que se encuentra su padre, y con el profundo dolor de la situación critican duramente a los secuestradores del grupo terrorista como al Gobierno y sus fuerzas públicas que no responden en el norte del país.
“Llevamos 11 meses esperando a papá, 11 meses en los que debido a la indiferencia, tanto de los secuestradores como del Gobierno, solo hemos encontrado refugio en nuestra fe”, dijo en una conferencia de prensa Beatriz Denis, una de las hijas del ex vicepresidente.
La familia del dignatario indicó que es momento en que la actual administración gubernamental a cargo de Mario Abdo Benítez solicite ayuda internacional para afrontar la problemática que representan acciones de grupos terroristas, y más aún cuando además del EPP existen la Agrupación Campesina Armada – Ejército del Pueblo (ACA-EP) y el Ejército del Mariscal López (EML).
Para las hijas es momento de que se empiece a medir la peligrosidad que representan estas organizaciones criminales que hoy mantienen en cautiverio a tres personas.
“El Estado necesita tomar en serio la amenaza que representan los grupos terroristas que tienen secuestrados a Óscar Denis, Félix Urbieta y Edelio Morínigo y que ya han cegado tantas vidas inocentes”, declaró Beatriz.
Recordemos que el EPP mantiene en cautiverio al ex vicepresidente y al suboficial segundo de la Policía Nacional, en tanto que Urbieta fue víctima del EML.
ANESTESIADOS
Por otra lado, la familia Denis recalca que la clase política y las autoridades han perdido el foco sobre la misión del interés común de todos los paraguayos, más aún a los pobladores de la zona norte que viven avasalladlos por el crimen organizado.
“Nuestros políticos parecen anestesiados ante el crecimiento del EPP. Sentimos que no defienden a los paraguayos en general, ni a los miembros de sus filas que se han entregado al servicio de sus comunidades a través de la política, como papá”, expresó la hija del secuestrado.
Beatriz Denis insistió que la administración debe ya de comprometerse a ponerle fin a acciones de grupos terroristas, o asumir públicamente su incapacidad, a pesar de los millones de guaraníes mensuales que se destinan para sostener el estado de excepción permanente en Amambay, Concepción y San Pedro.
“Esperamos que este Gobierno tenga el coraje de terminar con la industria del secuestro y la extorsión, o que reconozca que no es capaz de brindar seguridad y tranquilidad en el país”, indicó la mujer.
Y dejó en claro que la amenaza que representa tanto el EPP como los otros grupos armados no solamente le afecta a las familias consideradas ricas, sino que puede afectar tanto a la clase media como pobre, porque no únicamente el secuestro deja secuelas en la sociedad.
“En la medida en que el Gobierno no pueda hacer frente al terrible problema de seguridad que representa el EPP, el secuestro, el asesinato, la extorsión o reclutamiento forzado le puede tocar a cualquiera”, aseguró.
SIN NOTICIAS
Recordemos que el EPP había puesto como condición para la liberación de Oscar Denis que la familia entregue víveres por valor de US$ 2 millones, y que el Estado procediera a la liberación de dos epepepistas. Los familiares del ex presidente de la República cumplieron con los secuestradores, aunque el Gobierno rechazó el canje humanitario.
“Todos nuestros ruegos al EPP para que abran un canal de comunicación y pueda llegar al retorno de papá han sido en vano. Nuestro pedido al presidente es que se involucre a la Cruz Roja y han sido pasados por alto arguyendo indolentes motivos políticos”, recordó la hija del ex vicepresidente.
Así mismo, remarcó que “sus captores no nos ofrecen noticias de su salud, paradero y el Gobierno no ha podido garantizar el básico derecho a la libertad”.
