La huelga de los camioneros viene generando un caos social, afectando derechos de particulares para la circulación en zona de Asunción y en las rutas del interior del país, así como la logística de distintos productos que hacen principalmente a la canasta familiar.
En medio de este caos, el presidente de la Unión de Gremios de la Producción (UGP), Héctor Cristaldo, ya había advertido que esto forma parte de un plan de desestabilización social y extenderla hasta la semana que viene para forzar el pedido de renuncia del presidente de la República, Mario Abdo Benítez.
En el mismo sentido, el senador colorado Sergio Godoy, indicó que existe un interés de politizar esta situación provocada como estrategia de presión política por parte de algunos sectores de la izquierda.
“Hay ciertas dudas del interés de algunos (políticos) de aprovechar esto, de usar a esta pobre gente prometiéndole cosas que no son sustentables para buscar otro tipo de cuestiones: caos, confrontaciones, problemas”, señaló el congresista.
Es que la situación real nace cuando desde la Cámara de Senadores, sectores de izquierda plantean el proyecto de Ley “Que establece los valores del costo operativo y precio de referencia del flete de unidad de carga conformadas por tractocamión y semirremolque y crea el comité técnico del costo operativo del flete”.
El texto tiene como proyectistas a los senadores del Frente Guasu Hugo Richer, Esperanza Martínez, Carlos Filizzola y Jorge Querey; así como al titular del Congreso Nacional, Oscar Salomón, el liberal Víctor Ríos y Pedro Arthuro Santa Cruz del Partido Democrático Progresista (PDP).
DELITOS
Los camioneros no solo llegaron a Asunción para obstaculizar el tránsito normal en las calles capitalinas, sino que incluso en rutas del interior del país han violentado y retenido por horas a los cientos de camioneros que se encontraban trabajando normalmente y no se adhirieron al paro del gremio.
Esta situación generada transgrede claramente las disposiciones legales y artículos constitucionales. Sin embargo, hubo una nula acción por parte de las fuerzas públicas y del Ministerio Público ante estos atropellos.
“Algunos de los que estaban cerrando la ruta agredían o prohíben el paso de otros. Eso ya pasa a ser una coacción grave”, indicó el abogado José Casañas Levi, y añadió también que los hechos podrían tipificarse como intervenciones peligrosas en el tránsito terrestre.
Como consecuencia de las acciones perpetradas por los camioneros, varios gremios tomaron la determinación de presentar una acción penal.
Es que en horas de la siesta del jueves la Cámara de Procesadores Agrícolas y Cereales (Capro), Cámara Paraguaya de Exportadores y Comercializadores de Cereales y Oleaginosas (Capeco) y la Federación de Cooperativas de Producción (Fecoprod), denunciaron ante el Ministerio Público a los dirigentes de los camioneros Angel Zaracho y Roberto Almirón.
“Tomamos como evidencia las denuncias en las redes sociales. Uno de los líderes dijo hoy que si su ley no es aprobada marcharían en Asunción y que no iban a tener piedad”, indicó sobre la denuncia el abogado Ricardo Preda, quien actúa como representante de los productores.
Sobre este punto, los camioneros advirtieron que no retrocederán en sus acciones aunque eso involucre un proceso penal.
“Nos vamos a quedar acá, si hay denuncia penal nos vamos a la comisaría tenemos el derecho constitucional de manifestarnos”, dijo el camionero Zaracho.
APROBACIÓN
Durante la sesión del jueves la Cámara de Senadores se convirtió en comisión para dar un dictamen a favor del proyecto conocido como la Ley de Fletes, donde se pretende establecer una ganancia del 25% a favor de los camioneros. Para este primer estadio se tuvo 23 votos a favor y 15 votos en contra, 1 abstención y 6 ausentes.
“No es una cuestión de los camioneros y de un sector determinado, sino de las leyes, de la libertad económica, de la garantía de la competencia, del libre mercado, de la libertad de todos de trasladarnos de un lugar a otro. Estamos hablando de violaciones constitucionales”, dijo el senador colorado Enrique Riera, quien criticó que se establezca la intromisión del estado en acuerdos entre comerciales y prestadores de servicios particulares.
Por su parte, la senadora de Patria Querida, Georgia Arrúa sostuvo que desde el Congreso Nacional no se puede establecer este tipo de proyectos de manera irresponsable, cuando afecta a demasiados sectores a favor de uno.
“Estamos haciendo una ley inaplicable, una ley que tiene un montón de agujeros. Tomémonos el tiempo para analizar lo que estamos estudiando, pero de manera integral, dándole participación a todos los actores que entran en esta relación contractual”, refirió la legisladora.
Finalmente, la senadora del PDP, Desirée Masi, pidió la postergación del estudio para darle un mejor análisis al proyecto, pero indicó que el plazo sea solamente de 24 horas porque con el paro “hay un problema social, y hay un problema de la producción”, refiriéndose al peligro del abastecimiento de productos a nivel nacional.
Finalmente, por medio de una votación nominal el Senado determinó aprobar en general el proyecto, pero el tratamiento en particular de los artículos quedó postergado para el martes 10 de agosto próximo en una reunión extraordinaria.
