Suman varios los casos de desapariciones de jóvenes, denunciados oficialmente. El hallazgo del cuerpo de una joven hace meses genera alarma porque se suma a la conmoción del caso de Isaura, hallada también sin vida en la ciudad de Ñemby. ¿Qué tienen en común estos casos y porqué desata el reclamo ciudadano hacia la Fiscalía? En ambos hay patrones similares de protocolo de actuación del Ministerio Público que siguen generando quejas: no las buscaron.
Cuando una investigación ágil podría arrojar resultados importantísimos para avanzar en la búsqueda de una persona desaparecida, hay oficios que tardaron en llegar, diligencias que se realizaron tarde y allanamientos que nunca se hicieron para seguir de cerca la pista que pudieran haber dejado las jóvenes halladas ya sin vida. Más allá del móvil de sus muertes, lo que es realmente cuestionable es la manera en que la burocracia autoimpuesta por algunos agentes fiscales hace que la excesiva demora en los procedimientos actúe en contra de ellos mismos.
En el caso de Analía, la Fiscal estaba de vacaciones; designó a un subalterno a verificar la vivienda y el montículo donde fue hallada hace pocos días ya se encontraba en el mismo sitio. La rigurosidad fue escasísima y la revisión a ojímetro no tuvo muchas exigencias. Recién en esta semana se realizaron las diligencias que pudieron haberse hecho ya en diciembre pasado.
Detrás de un pésimo trabajo como representantes de la sociedad, están familias sometidas a depender de la deficiente labor por falta de voluntad real para hallar pistas. Son dos casos recientes, consecutivos y similares que deben ser un llamado de atención –o un estirón de orejas- urgente y de emergencia para recordar a algunos fiscales que tienen a su cargo una labor de una importancia preponderante con los casos de desapariciones denunciados. De otra manera, seguiremos afirmando que no las buscaron.
