La puntuación de Paraguay ha mejorado ligeramente desde 2020, pero sigue siendo uno de los países con peor rendimiento en la clasificación general.
Americas Society/Council of the Americas (AS/COA), publicó la tercera edición del Índice de CCC, Índice de Capacidad para Combatir la Corrupción. Este índice evalúa la capacidad de los países latinoamericanos para detectar, castigar y prevenir la corrupción, ubicó nuevamente al país en el 12 de 15 países con peor desempeño en la capacidad para castigar la corrupción
En las categorías de democracia e instrucciones políticas y de capacidad legal, ocupa el antepenúltimo lugar. La politización de las instituciones judiciales es un problema persistente – Paraguay sólo se sitúa por encima de Bolivia y Venezuela en la variable que evalúa la independencia judicial.
En febrero de 2021, los medios de comunicación nacionales y la sociedad civil cuestionaron el nombramiento de César Diesel para la Corte Suprema de Justicia por sus supuestos vínculos con el vicepresidente Hugo Velázquez, sostiene el informa Dentro de la categoría de capacidad legal, Paraguay experimentó el mayor descenso en el acceso a la información pública, el cual se redujo en un 16%. La percepción de falta de transparencia en los gastos de emergencia y el supuesto mal uso de los recursos públicos para luchar contra la pandemia desencadenaron grandes manifestaciones contra el gobierno en marzo de 2021.
Además menciona “Cuatro ministros del gabinete fueron reemplazados y el presidente Mario Abdo Benítez sobrevivió a un intento de destitución, el segundo desde que llegó al cargo en 2018. Al igual que en 2020, Paraguay obtuvo los mejores resultados en la categoría de sociedad civil y medios de comunicación, donde experimentó un aumento de casi el 11%. Paraguay registró la quinta mejor puntuación en comunicaciones digitales y redes sociales y también tuvo un nivel de movilización de la sociedad civil contra la corrupción superior a la media. El activismo en las redes sociales fue clave para mantener las protestas de marzo”.
SIN INTERÉS DE ACABAR CON LA CORRUPCIÓN
En el Paraguay lo no hemos visto hasta ahora es un compromiso que realmente promueva y haga ver que realmente estamos en la línea de castigar los hechos de corrupción.
Los informes de la Contraloría no importan a nadie y el propio contralor dice finalmente esto tiene que llevar adelante la justicia.
En la justicia vemos que los fiscales culpan a los jueces y los jueces a los fiscales para tratar de tapar inútilmente y tontamente estos hechos de corrupción que se repiten de forma reiterada.
Claramente, los escándalos de las compras covid, las licitaciones dirigidas, las prebendas y los arreglos políticos durante el año de la pandemia dejan ver el daño que causan los agentes del estado a la imagen del país.
A inicios de este año Paraguay lanzó un plan para combatir la corrupción que sirvió solo para la foto. Con presencia de los presidentes de los tres Poderes del Estado, el presidente Mario Abdo Benítez (Ejecutivo), el senador Óscar Salomón (Legislativo) y el ministro Alberto Martínez Simón (Judicial), lanzaron con bombos y platillos el Plan Nacional de Integridad, Transparencia y Anticorrupción 2021 – 2025, que es un proyecto financiado por la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (Usaid). En ese entonces se especulaba que sería solamente un documento que aglutina los distintos procesos, es decir, un refrito.
Dentro del Plan Nacional de Integridad se recurriría ya a los sistemas establecidos de acceso a información pública, como plataformas y procedimientos, y el fortalecimiento de las mismas. Pero, el cuestionamiento es cómo lograr fortalecimientos con instituciones altamente prebendarias, chicaneras y corruptas.
