“Hemos vivido meses de miedo y zozobra por las constantes amenazas e intimidaciones de alguien externo a nuestra comunidad alfarera”, fueron las palabras de las alfareras de la Asociación de Mujeres Alfareras Nativas de Caaguazú-Itá “Kambuchi Apo”.
Las trabajadoras denunciaron que el empresario Juan Ignacio Troche Fleitas quiere evitar que sigan elaborando los tatakua portátiles que elaboran hace años, alegando que está patentado a su nombre.
A pesar de que la fabricación del producto estaba registrada ante la Dinapi por las artesanas, el empresario sigue con su campaña de intimidación.
“Pido que se haga justicia y que este señor deje de molestar a las artesanas. Somos una representación de una ciudad conocida como la Ciudad del Cántaro y la Miel. Es un trabajo ancestral, pero viene este señor y hace preocupar a las artesanas que no tienen otro medio para ganarse el pan de cada día”, comentó la presidenta, Vicenta Rodríguez.
Contó que en una ocasión Juan Ignacio Troche llegó hasta la comunidad y le puso su logotipo a los hornos que mandó a hacer, ellas no dijeron nada para no perjudicar a las artesanas que los estaban elaborando, pero luego el señor amenazó a la comunidad mediante una nota para que no hagan más las publicaciones promocionando sus productos.
“Mediante nuestras páginas mostramos nuestro trabajo y dónde estamos los fines de semana, que es en la Plaza Italia, ahí conectamos con el cliente directo y los empresarios empezaron a apoyar el trabajo de la Asociación, eso parece que al señor Troche no le gustó”.
Inmediatamente, acudieron al IPA y al Ministerio de Cultura, llegó la fiscalía hasta la casa de las alfareras que están trabajando para él y se les incautó sus productos. “Nosotros no sabemos dónde es su domicilio, según dice vende vía online, pero el señor no da la cara”.
Finalmente, volvió a pedir que las dejen en paz, que son las creadoras de este producto y tienen los papeles, las artesanas solo quieren trabajar. “Agradecemos profundamente a los seguidores que conocen su trayectoria y a las autoridades pertinentes por hacer valer sus derechos ante amedrentamientos foráneos que buscan lucro”, concluyó la presidenta.
LA POSICIÓN DEL MINISTERIO
La Secretaría de Cultura se adhirió al Instituto Paraguayo de Artesanía (IPA) y a la Dirección Nacional de Propiedad Intelectual (Dinapi) y condenó enérgicamente todo emprendimiento que afecte a los derechos culturales de los artistas.
En un comunicado a la opinión pública en torno a la producción y comercialización del horno ñai’ũ, la cartera dijo que, como órgano rector de las políticas culturales del Estado, exhortó a toda la ciudadanía a respetar y garantizar los derechos morales y económicos de la creación, consagrados por el derecho de autor.
También rechazó terminantemente su apoyo y/o vinculación con ninguna iniciativa que desconozca el proceso creativo de los artesanos, artistas u otros trabajadores de los diversos sectores culturales (Art. 4º Ley 3051).
“El sector cultural se encuentra gravemente afectado ante la crisis sanitaria por la pandemia del COVID-19, por lo que el respeto y la protección de los derechos culturales constituyen una base fundamental para la reactivación del sector”, concluyó el Comunicado.
