Donarán unas 425 propiedades pero deben ser aprobadas por la Junta Municipal. El miedo es que más personas se instalen en el lugar y tengan que ceder más terrenos.
La Junta Municipal de Puerto Casado debe aprobar el fraccionamiento de 80 hectáreas de un total de 152, que serán donadas a familias que ya están asentadas desde hace tiempo en el predio propiedad de Atenil SA.
Sin embargo, desde la compañía temen ceder más terrenos porque la práctica de invadir inmuebles se volvió constante en la zona. Hasta el momento desde la Comuna no se expiden sobre el caso.
“Estamos en un proceso de donación y trabajando con la Intendencia, tenemos diferencias pero no son insalvables. Básicamente destinamos un área para donar y ellos al parecer quieren un poco más, pero no va ser posible”, sostuvo el directivo de Atenil SA, Diego Puente.
Remarcó que la donación ya está y consiste en 425 propiedades aproximadamente para personas que ya se encuentran en el lugar, y no donar terrenos vacíos nuevamente a más gente.
“El compromiso es donar a la gente que ya está viviendo ahí, no hacer una nueva organización. Si haces una nueva organización tiene que ser con una planificación y tememos que eso perjudique a la empresa”, añadió.
Recientemente la firma Atenil pidió a la Junta Municipal de Puerto Casado la aprobación del fraccionamiento de 80 de un total de 152 hectáreas, que pretende donar a sus actuales ocupantes.
La intención es formalizar la donación para la creación de 425 nuevos títulos de propiedad, mientras que las 72 hectáreas restantes serían destinadas para caminos y proyectos dentro de la comunidad.
El lugar es conocido como Ex Finaca N 21.051. El pedido formal de la empresa sobre la donación sostiene que forma “parte parte de la agenda de responsabilidad social y desarrollo sostenible que la firma impulsa y como parte de la solución a un conflicto que arrastra desde hace 20 años”, expresa.
Según las denuncias de los lugareños que van a ser beneficiados con esta donación, desde la comuna buscan trabar el proceso por “intereses políticos”.
Un dato no menor es que la intendenta de Puerto Casado, Yudith Ferreira, es conocida aliada del cuestionado gobernador del departamento José Domingo Adorno, quien desde siempre se opuso a buscar alguna solución a esta problemática de años.
Vale señalar que el gobernador postula para la Intendencia de Puerto Casado a su hermano Hilario Adorno, quien cuenta con antecedente por invasión de inmueble ajeno en el año 2005 y prohibición de salir del país, además que ya fue candidato en la anterior puja electoral.
El caso más reciente que involucró al precandidato abdista tiene que ver con la explotación ilegal del Cerro Galván, en Alto Paraguay. Circularon fotografías suyas en el sitio, donde unos días después la Fiscalía constató el delito y posteriormente formuló imputación.
Hilario Adorno no está solo en proyecto político, sino que va acompañado del cuestionado ex intendente de Casado (2006-2010), Raúl Lagraña, quien buscará un escaño en la Junta Municipal.
Lagraña arrastra antecedentes por lesión de confianza, producción inmediata de documentos públicos de contenido falso y producción mediata de documentos con contenido falso.
La Contraloría General de la República, a través de una auditoría, había detectado el desvío de más de G. 6.000 millones durante su administración. Con semejantes figuras en la arena política se ve muy opaco el futuro del distrito.
En el caso del actual gobernador, soporta un sinfín de denuncias por la mala administración de recursos públicos. La Gobernación de Alto Paraguay cuenta con una orden de auditoría, específicamente sobre la gestión del gobernador Adorno, que corresponde al periodo fiscal del 2019.
El peritaje fue autorizado el pasado 25 de marzo pasado por la Contraloría General de la República mediante la Nota Nº 2091 a la Dirección General de Control de Organismos Departamentales y Municipios.
