La Cámara de Diputados aceptó el veto presidencial que solicitaba el rechazo al proyecto de ley que pretendía incorporar los gastos socioambientales al Presupuesto General de la Nación (PGN). Se trata de alrededor de US$ 100 millones que generan las binacionales de Itaipú (US$ 70 millones) y Yacyretá (US$ 30 millones). Dichos recursos no son sometidos a Contraloría.
A finales de noviembre, el Senado rechazó este veto del Ejecutivo. Sin embargo la última palabra la tenían los diputados. La sanción ficta debía ser el próximo 7 de abril en caso de que ambas cámaras no se pronunciaran.
Un total de 40 diputados votaron a favor del veto, 33 en contra y 7 abstenciones. Los 40 votos fueron todos de la ANR. En la Cámara Baja existen 42 colorados, sin embargo, Tomás Rivas y Miguel Tadeo Rojas, se ausentaron.
Hacían falta 41 votos para lograr rechazar el veto.
BLOQUE COLORADO
Derlis Maidana, diputado nacional colorado y presidente de la Comisión de Asuntos Constitucionales, señaló que están a favor del veto presidencial. Afirmó que ninguna ley puede alterar tratados bilaterales.
“Consideramos que los recursos deben usarse razonablemente. Pero apoyamos el veto ya que no se puede cambiar lo establecido en un tratado internacional por leyes internas”, argumentó.
Colym Soroka, también diputado oficialista, destacó que la EBY realiza una labor insustituible en su departamento (Itapúa). Y que si bien existen algunas cosas que pueden mejorar, en líneas generales estos recursos ayudan de sobremanera a las comunidades.
Destacó que la EBY destinó G. 6700 millones (poco más del millón de dólares) para asistir a 12.700 familias durante la pandemia.
“Desde hace años se realiza esto. Desde la capital nunca se acompaña a pobladores del interior. Si lo hacen las binacionales. Por ende defiendo el veto del presidente”, expresó.
IRREGULARIDADES
Rocío Vallejo, presidenta de la Comisión de Presupuesto, expresó por su parte que los gastos deben ser incorporados para no seguir utilizándose sin ningún tipo de control. Señaló que una persona fue beneficiada con la carrera de medicina con recursos de la binacional sin ser beneficiada en el plan de becas.
Se refería en concreto a Priscila Colmán, hija de Rocío Colmán, una precandidata a concejal por Pirayú por el Partido Colorado. La joven salteó el proceso de becas y recibió la asistencia de forma directa. Este hecho tomó estado público el pasado viernes 26 de marzo mediante una investigación periodística.
Vallejo citó también al estadio de Encarnación que está en proceso de construcción. Para este proyecto la EBY destinó US$ 13 millones, solo por citar alguno de los casos.
“Es el dinero del pueblo paraguayo. Siempre mencionan obras importantes pero no estas cuestiones donde el dinero puede ser mejor utilizado. Con la incorporación al PGN se podrá realizar un mejor control de estos recursos”, mencionó.
Édgar Acosta, presidente de la Comisión de Cuentas y Control, señaló que es totalmente factible la incorporación. Aclaró que el dinero de estos fondos debe ser utilizado como políticas de Estado.
“Queremos que estas ayudas lleguen a lugares donde realmente se necesiten. Es importante que ese dinero sea utilizado correctamente priorizando lo general por encima de lo particular”, expresó.
Kattya González, diputada nacional por el PEN, cuestionó el veto del Ejecutivo. Afirmó que ninguno de sus argumentos fueron válidos para dejar que las binacionales continúen manejando estos recursos.
“Necesitamos estos recursos en este momento para la compra de medicamentos, de materiales de bioseguridad e infraestructura hospitalaria”, afirmó.
La legisladora cuestionó finalmente que si US$ 100 millones no se quieren transparentar, todo apunta a que los US$ 2.000 millones de la revisión del Anexo “C” correrá la misma suerte.
