La expresidenta de Bolivia, Jeanine Áñez, fue detenida en la madrugada del sábado en medio de un gran despliegue policial realizado en la localidad de Trinidad. La mujer luego fue trasladada hasta La Paz para ser presentada ante la Fiscalía, que el viernes último presentó cargos por terrorismo, sedición y conspiración.
La causa abierta tiene que ver con lo que llaman el “golpe de Estado” al ex presidente Evo Morales, que recordemos en noviembre del 2019 había sido obligado a renunciar al cargo tras una fuerte presión de las Fuerzas Armadas.
«Informo al pueblo boliviano que la señora Jeanine Áñez ya fue aprehendida y en este momento se encuentra en manos de la Policía», escribió en su cuenta oficial el ministro de Gobierno boliviano, Eduardo Del Castillo Del Carpio, quien encabezó los operativos con el comandante general de la Policía, Jhonny Aguilera.
Tras llegar a La Paz, la ex presidenta fue aislada en una celda de la base de operaciones de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (FELCC).
En cuanto a los demás procesados, se trata de los ex ministros del gobierno de Áñez, que son Arturo Murillo, Yerko Núñez, Álvaro Coímbra, Fernando López y Rodrigo Guzmán.
Según el informe de las autoridades, los que lograron ya ser capturados por la Policía Coímbra y Guzmán, ex secretarios de Energía y Justicia.
SOLIDEZ
Para las actuales autoridades bolivianas, la causa que investiga el golpe de Estado del 2019 es la búsqueda de la justicia. En ese contexto, es importante mencionar que en las últimas elecciones el MAS (Movimiento al Socialismo) volvió al poder con Luis Arce Catacora, quien permitió además el regreso de Morales tras estar en el exilio.
Además, de acuerdo con la orden de aprehensión, existen los suficientes elementos de convicción respecto a la probable participación de las mencionadas autoridades del anterior gobierno en los delitos de terrorismo, sedición y conspiración.
La Fiscalía además señala el riesgo procesal de fuga debido a que los sindicados cuentan con un flujo migratorio activo, tal cual establece el certificado migratorio, lo que es un “extremo que acredita la facilidad que tienen de abandonar el país, lo que hace concurrente este riesgo procesal”.
LA VOZ DEL GOBIERNO
Tras las detenciones, el ministro de Gobierno habló ante los medios de comunicación remarcando que el proceso abierto no es una persecución política, sino que solamente busca dar con los responsables del golpe de Estado, que colocó a Áñez en el poder.
“Hay que dejar en claro que este Gobierno democráticamente electo no está persiguiendo políticamente a nadie, lo que está haciendo es que exista justicia en nuestro país”, dijo Eduardo del Castillo.
Además, defendió el proceso penal abierto por la Fiscalía, al asegurar que “la justicia está siguiendo su curso como corresponde dentro de los plazos establecidos por ley”.
