En estos días, los jueces y fiscales deben andarse con cuidado. Sin piensan levantar alguna causa por delitos comunes a alguien que luzca chapa de político es conveniente que midan muy bien lo que hacen. Al paso que vamos, se va haciendo cada vez más difícil entablar querella a cualquiera que haya alcanzado algún grado jerarquico en lo que muchos llama “clase política”, es decir, esos ciudadanos que se dedican a intervenir en las cosas del gobierno y negocios del Estado, que aspiran a regir los asuntos públicos, que intentan influir en la sociedad con su opinión, con su voto, o cualesquiera sean las formas de definir lo que el común de las personas conocemos como la política y los políticos.
Hasta el Papa ha intervenido en este debate diciendo que el lawfare (guerra judicial) “además de poner en serio riesgo a las democracias en los países, generalmente es utilizado para minar los procesos políticos emergentes y propender a la violación sistemática de los derechos sociales”.
Una condena tan explícita de tan alta autoridad espiritual ha puesto en entredicho causas que hasta entonces lucían sólidas e indiscutibles. Algunas de ellas son: Cristina Fernandez Vda. de Kirchner, vicepresidenta argentina, enfrenta cargos por irregularidades en las operaciones con dólar futuro, traición a la Patria, encubrimiento, direccionamiento de obras viales, asociación ilícita y administración fraudulenta. Rafael Correa, expresidente de Ecuador, perseguido por supuesto peculado en la renegociación de la deuda pública, delincuencia organizada, vulneración del derecho a la libertad de expresión entre otros. Luiz Inacio “Lula” da Silva, expresidente de Brasil, a quien se sigue procesos por cargos de corrupción, tráfico de influencias y lavado de dinero. Y muchos otros casos similares en todo el continente.
Estos casos han inaugurado una época en la que el calificativo de preso político pasa a reemplazar la categoría de delincuente común. De esta manera, cualquiera que detente un cargo de senador, diputado, ministro, presidente de directorio partidario o simple operador político puede quedar por encima de la ley por más que se haya robado en forma visible todo un ministerio o realizado los más sucios negocios dentro del Estado.
El modelo ya está aquí. El lawfare impera creando ciudadanos de primera. Los demás, a llorarle a la abuela.
