Pocas expresiones del idioma castellano tienen tantas variables como la palabra social. La lista de significados por asociación es casi tan larga como la que estamos publicando con entidades y personas adjudicadas dentro de los denominados “fondos sociales de Itaipú”.
Una entidad beneficiada con enormes sumas es el Parque Tecnológico Itaipú, que en solo cuatro años recibió casi US$ 38 millones. En marzo de 2012, el Congreso pidió explicaciones sobre la naturaleza de dichas asignaciones. La primera pregunta del pedido de informes planteaba lo siguiente: “Por qué se canalizan casi US$ 35 millones a través del PTI con el ropaje de responsabilidad social, contratan profesionales a un altísimo costo para Itaipú, duplican estructuras y desvían objetivos…”.
La respuesta a estas preguntas fue el acostumbrado galimatías burocrático, rico en siglas y numeros. La pregunta numero 12 tenía mucho que ver con lo que ahora está publicando El Independiente. Decía: “¿Cuáles son las demás entidades sociales que reciben donaciones de la Itaipú Binacional?”. La respuesta fue otra nube de humo: “Las entidades oficiales y sin fines de lucro, para fines sociales y de interés público, podrán ser beneficiarias de donaciones por parte de Itaipú toda vez que exista disponibilidad de bienes…” etc.
Lo que cuesta creer es de qué “fines sociales y de interés público” se habla cuando organismos como el PNUD y la OEI o entidades de defensa de intereses gremiales como UIP o ARP reciben “fondos sociales”.
Cabe recordar que expertos en la materia consideran que los gastos sociales de Itapú han sido establecidos en abierta violación al Anexo C y se fundan en un “plan estratégico” del Consejo de Administración aprobado en 2005 alterando el Tratado de Itaipú sin intervención del Poder Legislativo.
Todos creímos que, al hablar de fondos sociales, se trataba de la manera cómo el gigantesco emprendimiento iba a restañar las alteraciones del ambiente y el impacto causado por su funcionamiento. Hoy, en lo que respecta al Paraguay, estos fondos sociales cargan un 5% el costo del servicio, que para las magnitudes que maneja la binacional no son precisamente poca cosa. Y si al costo propiamente dicho se le agrega la desnaturalización del contenido verdaderamente social de los fondos, el resultado es dilapidación pura y dura.
