La Cámara de Diputados aprobó el proyecto de ley “Que establece la competencia, atribuciones y estructura orgánica de la Dirección Nacional de Vigilancia Sanitaria (Dinavisa)”.
El objetivo del documento es dotar de mayores atribuciones a dicha dirección que estuvo envuelta en una serie de irregularidades el pasado mes de abril. Esto cuando un proveedor del Estado hizo pasar medicamentos chinos e indios como brasileros sin que el ente público los detectara. Lo grave es que estos medicamentos eran oncológicos y el comprador era el Instituto de Previsión Social (IPS).
Al inicio del debate, este proyecto de ley fue puesto a votación para su aplazamiento. El pedido fue de la multibancada debido al poco estudio. Sin embargo, por amplia mayoría, el coloradismo aprobó el tratamiento en la fecha.
“Este es un lugar para darle un ministerio a alguien que no entró a la lista de intendentes y gobernadores. Es un lugar para llenar de planilleros. Tienen los votos y lo van a lograr. Pero por favor aprendan a mentir mejor”, expresó duramente Celeste Amarilla, diputada nacional por el PLRA, quien en la fecha, volvía de una suspensión.
Al mismo tiempo cuestionó que el nuevo ente tendrá un costo de G. 13.000 millones al año. A pesar del pedido del Fisco de ahorrar recursos debido a la crisis económica.
Basilio Núñez, líder de la bancada cartista, no tardó en responder a las críticas. Señaló que él es médico, y que sí es necesario una superestructura para evitar más licitaciones irregulares como las protagonizadas por el Clan Ferreira. Así también desmintió las acusaciones de Amarilla expresando que durante el gobierno de Lugo y de Franco ingresaron más planilleros que en el de Cartes.
Ramón Romero Roa, diputado colorado, fue uno de los pocos oficialistas que pidió el aplazamiento. Lamentó que existen otras instituciones como la Secretaría Anticorrupción (Senac) que sí requiere un fortalecimiento y nunca lo recibe.
Rocío Vallejo, diputada nacional por el PQ, señaló por su parte que se aprobará un proyecto que crea una nueva dirección nacional. Es decir, dejará de ser independiente del Ministerio de Salud. Aprobando sin dictamen presupuestario, cosa que no pasó con otros proyectos de ley.
El temor de la legisladora es la creación de un ente que requiere de mucho presupuesto sin un previo estudio. “Sostendremos un monstruo más que no funciona. Con el escándalo de abril, la Dinavisa debía ser intervenida no independizada”, expresó.
Vallejo lamentó que esta iniciativa no inició en abril cuando se descubrieron los fatos. E ironizó que este documento solucionará toda la corrupción del Ministerio de Salud.
Kattya González, diputada nacional por el PEN, bajo la misma línea que su antecesora, señaló que se desconoce el impacto presupuestario. Y que tampoco los proyectistas han expuesto los fundamentos técnicos para pedir la aprobación del documento.
“Hasta ahora Salud no ha intervenido Dinavisa. A pesar de las graves irregularidades. Por eso no podemos decir a la ciudadanía que esto será la cura para la corrupción. Porque todos sabemos que esta corrupción viene repitiéndose de las direcciones justamente”, argumentó.
Los proyectistas de la ley son los colorados Colym Soroka (abdista), Carlos Núñez Salinas (cartista) y Jazmín Narváez (abdista).
ANTECEDENTES
En la quincena de abril, se revelaba que las empresas Imedic SA y Eurotec SA, ambas de Justo Ferreira, habían falsificado medicamentos. En concreto, ambas empresas suministraron medicamentos oncológicos al Instituto de Previsión Social (IPS) con facturas de empresas brasileras. Sin embargo, las mismas pertenecían a empresas chinas o indias.
Esto no fue detectado por la Dinavisa en su momento concretándose la venta con el Estado. Debido a esta millonaria suma pagada por el Estado, la anterior directora Lourdes María Rivaldi de Cattebecke renunció al cargo.
DINAVISA Y SALUD
En parte del documento, se reza que el proyecto de ley servirá para regular la fabricación, elaboración, fraccionamiento, control de calidad, distribución, prescripción, dispensación, comercialización, representación, importación, exportación, almacenamiento, uso racional, régimen de precios, información publicitaria, evaluación, autorización y registro de productos para la salud. Entre otros puntos más.
María Antonieta Gamarra, directora actual de la misma Dirección Nacional de Vigilancia Sanitaria (Dinavisa), detalló que uno de los puntos principales del documento, es que su dirección, contará con mayor autonomía.
“En toda la región y el mundo todas las agencias reguladoras de medicamentos son autónomas menos nosotros”, señaló.
Expresó que hoy la Dinavisa debe hacer sus controles, fiscalizaciones y sanciones con la participación de la asesoría jurídica del Ministerio de Salud. Esto no solo genera una demora en las gestiones, sino también una pérdida de objetividad.
“El tema regulatorio de productos de la salud es muy particular y técnico. Y requiere de personal preparado y con conocimiento de regulación”, explicó.
Julio Mazzoleni, ministro de Salud, adelantó ya en sus redes sociales, que analizó el mencionado proyecto de ley y aprobó todas las modificaciones que se quiere aplicar a la Dinavisa.
“Será un paso fundamental para fortalecer la capacidad de regulación de medicamentos en el país”, aseveró en su cuenta de twitter.
