Senadores de varias bancadas que piden informes. Empresas que denuncian poca transparencia en la última licitación de la Comisión de Juegos de Azar (Conajzar). Quinieleros que reclaman mejores condiciones laborales y la misma comisión que se llama a silencio ante estas graves denuncias, forman parte del cóctel de una convulsionada actualidad de los que forman parte del mundo de la quiniela.
Jorge Querey, senador nacional por el Frente Guasu, anunció la semana pasada que prepara un proyecto de ley para que Contrataciones Públicas (DNCP) intermedie en las licitaciones de la Comisión de Juegos de Azar (Conajzar).
Esto luego de que el pasado 4 de octubre dicho ente público renovará la licencia de la quiniela a una empresa que reconoció públicamente no estar pagando todos los cánones que exige la ley.
Sin embargo, el miércoles, el legislador confirmó que un proyecto de ley para la eliminación misma de la Conajzar es otra de las alternativas.
“Estoy estudiando todas las alternativas. Me faltan dictámenes de asesores más profesionales en estos temas”, señaló.
POSIBLE PRÓRROGA
En forma paralela, a los proyectos de ley que prepara Querey con Martín Arévalo, la Conajzar estaría preparando una nueva prórroga en la licencia de los juegos de azar. Esto según el sindicato de trabajadores.
Alicia Gutiérrez, una de las integrantes del Sindicato Nacional de trabajadores, vendedores de quinielas, de bingos, juegos de azar y afines del Paraguay (Sitranquiba) señaló que temen que la Conajzar esté preparando una nueva prórroga. Esto mediante informaciones extraoficiales que llegaron al sindicato.
“El mismo José Ortiz, presidente de la comisión señaló que la empresa adjudicada solo puede ser beneficiada con una prórroga. Cabe recordar que TDP SA ya fue beneficiada con una por motivos de la pandemia. Si esto es cierto, ya será la segunda vez”, expresó.
De concretarse esta extensión, sería de entre dos a seis meses. Cabe recordar que este lunes 30 vence la licencia de la empresa Technologies Development of Paraguay (TDP), explotadora del juego de la quiniela desde el 2015.
La firma pertenece a Diego Wasmosy, hijo de Juan Carlos Wasmosy, expresidente de la República (1993-1998).
Finalmente la sindicalista denunció que existen tres corredores de la quiniela que ya dejaron de trabajar. Esto, por participar de las manifestaciones. El castigo fue el bloqueo de las máquinas. Cabe recordar que muchos adultos mayores tienen como único ingreso este trabajo y se están quedando sin sus ingresos en plena pandemia.
GAMBLING
El Consorcio B Gaming SA – Gambling SA fue el otro oferente por la licencia de la quiniela por los próximos cinco años (2020-2025). Sin embargo, y a pesar de las irregularidades presentadas por TDP SA. Esta fue nuevamente adjudicada para la explotación del servicio.
En sendos comunicados, la primera firma reclama esta situación en los medios de comunicación. En el último comunicado, sostuvo que por lo menos la Conajzar fue negligente con la situación.
Esto atendiendo que TDP SA debía cumplir con los pagos que exige la ley 431/73 referente a los tributos que empresas dedicadas al juego de azar deben abonar en calidad de donación a los héroes de la guerra del Chaco.
Sin embargo, a pesar que la misma firma reconoció no estar cumpliendo esta como otras leyes, la Conajzar los volvió a premiar con la renovación de la licencia.
“Si deseamos vivir en una república socialmente responsable y equitativa que garantice las mismas condiciones a sus ciudadanos, debemos exigir el cumplimiento de la ley a todos de la misma manera por igual, sin importar sus nombres o trascendencias políticas”, reza parte del comunicado publicado por la firma.
EL ARGUMENTO
El argumento del ente público para volver a adjudicar a TDP SA en lugar del consorcio fue que la oferta mayor en términos económicos fue la de la primera. Sin embargo, la ganadora no está cumpliendo con los pagos que por ley debe hacer a entidades de beneficencia.
En concreto TDP SA ofreció el 19,60% de las ganancias de forma mensual. Mientras que el consorcio ofreció el 15,51%. En números esto sería unos G. 11.100 millones por parte de la primera y G. 8.840 millones por parte de la segunda. Atendiendo que la facturación mensual para la empresa que explota la quiniela es de G. 57.000 millones.