Algunos legisladores señalan en que el actual proyecto de ley “que reglamenta el artículo 201 de la Constitución Nacional” solo buscará el “autoblindaje”. Especialmente hacen alusión a Rodolfo Friedmann, senador oficialista que está en la mira del cartismo para su destitución.
Stephan Rasmussen, senador nacional por el PQ, fue uno de ellos. El mismo señaló que reglamentar por ley no es la mejor determinación. Y que su partido estará en contra en ambas cámaras.
“No estamos en contra de que se reglamente la pérdida de investiduras. Sino que pensamos que una reglamentación a través de una resolución interna será menos traumática a cómo la quieren hacer con un proyecto de ley”, expresó.
El legislador hacía alusión a solo modificar la resolución 825/2015 que reglamenta los juicios políticos. Allí se establecen los plazos y garantías procesales.
En otro momento cuestionó que reglamentar por ley dejará un documento confuso que al final traerá muchos problemas.
“Uno de los artículos finales también establece la prescripción de cinco meses. Algo que no tiene sentido como muchas otras partes”, cuestionó durante una breve exposición.
DIPUTADOS
Celso Kennedy, diputado nacional por el PLRA, señaló que está de acuerdo con las reglamentaciones. Sin embargo si está en contra de una ley que obstaculice la pérdida de investiduras.
“Me pareció que deben hacerse algunas modificaciones en el documento que envió el Senado. A simple vista, me parece que fue una ley solo con el propósito de protegerle a alguien”, dijo.
Walter Harms, diputado nacional por la ANR, expresó por su parte que hay intereses de un grupo de senadores que miden con diferentes varas cada pedido de pérdida de investiduras.
“Con Dionisio Amarilla actuaron diferente que con otros casos. Esto no debe tratarse solo por intereses o por ‘amiguismo’”, señaló.
CONTEXTO
El artículo 201 de la Constitución Nacional sobre la pérdida de investiduras reza cuanto sigue: “Los senadores y diputados perderán sus investiduras, además de los casos ya previstos, por las siguientes causas: La violación del régimen de inhabilidades e incompatibles previstas en esta Constitución. Y el uso indebido de influencias, fehacientemente comprobado…”
Sin embargo, en ninguna parte del artículo menciona la cantidad de votos necesarios para que se proceda en esos casos. Y tampoco las garantías procesales.
Por ello, la Cámara de Senadores debatió sobre un proyecto de ley que reglamente este artículo. Pero, los mismos no llegaron a un acuerdo sobre la cantidad de votos que era el centro de la cuestión. Si se definieron algunas garantías procesales como que cada legislador no pueda ser expulsado en un plazo de 30 días desde que se establezca el pedido.
Así también, que una vez pasados los cinco meses desde el inicio del proceso y si no hay resolución, el legislador quede automáticamente absuelto.
Aún no se estima cuando el documento será tratado en Diputados. Se espera que sea en 15 días.
