Hace 5 años el Paraguay cuenta con la Ley Nº 5.282 de “Libre acceso ciudadano a la información pública y transparencia gubernamental”. Tras su promulgación, se ha implementado el Portal de Acceso a la Información. Sin embargo, menos del 0.7% de la población en edad de ejercer este derecho, ha realizado algún tipo de consulta y casi el 30% manifestó su insatisfacción con la respuesta.
Estos porcentajes fueron puestos a disposición por la plataforma Acción Paraguay e indican que hasta la fecha el Portal de Acceso a la Información cuenta con 32.506 solicitudes, 382 instituciones públicas adheridas, 24.159 solicitudes respondidas, 3.030 solicitudes sin responder y 2.726 respondidas fuera de plazo.
Rodrigo Medina, director Ejecutivo de Acción Paraguay, comentó que es preocupante el bajo índice de utilización de esta herramienta tan útil para la transparencia. Las principales causas son primeramente lo burocrático que puede llegar a parecer el trámite sin tener un conocimiento acabado de cómo debería ser la ley. La no socialización y el no conocimiento pueden hacer ver engorroso el proceso.
“Otro factor que incide es el mentado país chico, una especie de temor que puede generarse. Decimos tengo miedo de solicitar información pública por más que sea mi derecho porque no sé si cuando yo la pida se va a enterar fulano o fulano, y puede venir con un tipo de ataque porque estoy queriendo saber más sobre un tema específico”, señaló Medina.
Agregó que muchas veces dan una respuesta, pero en su mayoría no es tal cual la que fue solicitada. “Por ejemplo, si quiero saber cómo se llama alguien, me dan un pdf desde hace 10 años con 700 personas y 40 páginas, donde probablemente en algún lugar estén los datos que estoy solicitando. Todo esto hace que el ciudadano no esté tan motivado a formar parte del proceso”.
Por otro lado, la ley permite recurrir a la justicia en caso de que no exista la respuesta solicitada y existe un elevado nivel de descreimiento del poder judicial. “Yo solicito la información porque quiero saber qué se hace con el dinero que es público, no me la dan, en el poder judicial se duermen, necesito un abogado, pierdo tiempo, recursos, pareciera que hay que dar demasiadas vueltas para poder tener algo que hoy en día debe ser totalmente práctico”, afirmó Medina.
Otro punto que resaltó fue el bajo nivel de formación de la ciudadanía, que no es en su mayoría terciaria ni universitaria, y el no poder interpretar las herramientas jurídicas a favor de la gente, hace que al final se termine perdiendo todo porque la corrupción aumenta y perjudica a todo el Paraguay.
SOLICITUDES A SALUD
En este 2020, el Ministerio de Salud fue la cartera con mayor solicitudes (636). Medina mencionó que desde el mes de marzo tuvo mucho protagonismo las figuras del Ministro Mazzoleni, el Director de Vigilancia de Salud, Guillermo Sequera, el escándalo con el viceministro Portillo, y toda la atención pública se centró en la cartera.
Todos los hechos de corrupción que se sumaron a esa vidriera del Ministerio de Salud, llevaron a las personas a que solicitaran más información.
FRENTE AL MUNDO
En cuanto a los análisis internacionales, llamativamente en los últimos años se registra un retroceso. Según el Índice Global del Derecho a la Información, Paraguay se encuentra en el puesto número 108 en cuanto al Acceso a la Información. Cuando salió la ley en el 2015, el país se situaba en el puesto 90 del ranking, o sea, que aumentamos 18 posiciones de forma negativa. Sí se amplió la cantidad de países en la lista, pero fueron 5 o 6 más o menos, no fueron números significativos.
Ese mismo estudio sitúa al Paraguay en el puesto 137 de 198 que fueron evaluados respecto a la relación entre la transparencia con la percepción sobre la corrupción, lo que indica que se ha retrocedido 7 posiciones según las estadísticas.
The Economist, en su informe sobre las democracias de América Latina, refiere que Paraguay cuenta con una democracia defectuosa, lo que muestra que si bien mantenemos un modelo de Estado democrático, se evidencia graves falencias en torno al ejercicio real de derechos políticos y participación ciudadana.
“Una ley sirve si la ciudadanía hace uso de ella. El no usar la ley de alguna u otra manera nos perjudica en el ranking. También los países tienen una lucha frontal contra la corrupción y uno de nuestros mayores problemas es el elevado índice de corrupción. Yo denuncio un hecho de robo dinero público, sale en todos los medios, ingresa al sistema, pasan 10 años y la causa se extingue, existe una percepción generalizada a nivel de ciudadanía de un nivel de corrupción elevado, y a nivel jurídico esto nos dice que este sistema no funciona para castigar”, aseguró.
Finalmente, con estos datos, pretenden generar políticas de acción, poner al descubierto números e información que tienen que despertar una acción ciudadana colectiva, generar el debate y gerenciar los mecanismos para que los indicadores mejoren.
“La ley debe ser utilizada para reducir el nivel de corrupción y hay que mejorar la independencia judicial. El último paso que vamos a lograr es que la ley este fortalecida, la independencia judicial debe aumentar y la gente debe creer que puede tener una sanción si no respeta lo establecido”, concluyó el director Ejecutivo de Acción Paraguay.
