Imágenes que circularon en las redes sociales el 4 de mayo pasado, mostraron a un grupo de personas protestando pacíficamente por las condiciones de un depósito utilizado como centro de cuarentena obligatoria. En el video, una mujer denunciaba que el local sólo tenía dos baños y algunos aseos portátiles en el exterior para más de 100 personas, además, carecían de acceso a suficiente gel desinfectante para manos.
Técnicos del Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura dijeron que en junio las condiciones eran adecuadas e higiénicas, y que no se trataba a la gente como si fueran reclusos o reclusas. Afirmaron que la comida en los albergues era adecuada, pero ultraprocesada, que faltaban frutas y verduras frescas, y las compararon con la comida que se sirve en los aviones, algo tolerable durante unos días, pero no durante semanas enteras.
Según información que Amnistía Internacional pudo recabar, en una fase inicial, entre abril y mayo, las autoridades llevaron a centenares de personas a depósitos y otros lugares inadecuados, a menudo carentes de servicios básicos. El informe asegura que la comunicación sobre los periodos en que se mantendría a las personas en cuarentena o aislamiento era insuficiente. Además, dijeron que los procedimientos contra los malos tratos en los centros de cuarentena, como el acceso a abogados y asesoramiento médico independiente, eran escasas.
Aunque no documentaron ejemplos concretos de uso innecesario o excesivo de la fuerza, múltiples fuentes expresaron que los militares a cargo de los centros de cuarentena no se comunicaban de forma adecuada, que inicialmente adoptaron un enfoque de “combatir al enemigo” frente a los paraguayos y paraguayas que entraban en cuarentena tras regresar desde Brasil, y que podrían haber usado fuerza innecesaria en algunos casos.
DEFICIENCIAS
A finales de junio, las autoridades habían impuesto la cuarentena obligatoria a alrededor de 8.000 personas, en su mayoría que trabajaban en el sector informal en Brasil, que habían perdido su empleo tras la imposición de confinamientos por el Covid-19 y regresado al país.
Dante Leguizamon presidente del Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura (MNP), refirió que hicieron 3 visitas a albergues y luego hubo una negativa del Gobierno para seguir ingresando, en detrimento a lo que dice su legislación.
Argumentó que cada albergue tiene un funcionamiento diferenciado de acuerdo a la Región Sanitaria que esté a cargo y en dos semanas van a volver a hacer las visitas y verificar las condiciones en las que se encuentran las personas.
“En los albergues que monitoreamos observamos deficiencias en cuanto a la atención de salud mental y existía mucha desinformación porque no sabían cuando iban a egresar. Gente que entraba en abril y salía en junio de los albergues, todo esto se fue informando a las autoridades para que dieran solución”, acotó.
El documento de Amnistía Internacional especifica que toda privación de la libertad debe tener fundamento jurídico y una duración determinada, que sea objeto de revisión y sea necesaria y proporcionada. Las autoridades deben, además, prevenir las detenciones indefinidas, asegurar que la duración de las cuarentenas obligatorias y el aislamiento se limite al mínimo período necesario.
PRIVACIÓN DE DERECHOS
Si bien en las directrices iniciales de la OMS publicadas en febrero se recomendaba la realización de pruebas al final de los 14 días, la versión revisada en agosto establece que ya no es requisito indispensable realizar pruebas a los contactos de casos probables o confirmados de Covid-19 que no desarrollen síntomas para abandonar la cuarentena.
En cambio, las directrices vigentes de la OMS establecen que las personas de quienes se confirme que tienen la Covid-19 pueden salir del aislamiento después de dos pruebas negativas realizadas con una diferencia de 24 horas o tras un mínimo de 13 días, y al menos tres días después de haber dejado de tener síntomas.
CASOS
Este diario conversó con una de las albergadas en la Academia Militar de Capiatá quien pasó casi 30 días de cuarentena y les hicieron 4 pruebas y todas negativas. Hartos de la situación, de no recibir respuestas de parte de las autoridades en relación a su fecha de salida, en una ocasión recogieron sus maletas en señal de protesta por la falta de organización y abandono que tuvieron para con ellos.
“Firmamos un papel que decía que la cuarentena es de 15 días y pasamos esa fecha, tenemos hijos, madres que nos esperan, y es el colmo, ¿a qué esperan, que nos contagiemos todos para soltarnos”, recordó la entrevistada.
El Dr. Carlos Torras, coordinador de Atención Prehospitalar de Ciudad del Este, que tiene a su cargo un albergue en la Escuela de Artes y Oficios, aseguró que las personas siempre tuvieron conocimiento de las últimas informaciones, todos tenían internet y conocían paso a paso lo que pasaba. Lo que sí hubo fue un poco de desinformación de cómo se iba a comportar el Gobierno con respecto a ellos.
“Muchos pasaron 97 días albergados y fue bastante incómodo. Siempre tuvimos un protocolo de salubridad y nunca les faltó nada. Seguimos teniendo contención psicológica y médica las 24 horas, están bien cuidados. Unas 40 personas son voluntarias entre personal con título universitario y estudiantes y si ellos no hubiesen estado ahí, esto hubiera sido un caos”, aseguró el doctor.
Destacó que en un principio en Alto Paraná hubo 11 albergues, 600 albergados y muchas de las condiciones no eran las mejores. Hoy quedan 3 habilitados.
“Estos periodos tan largos de cuarentena hacen que muchas personas, que ya se han visto obligadas a migrar tras quedarse sin empleo debido a los confinamientos por el Covid-19, no puedan mantener económicamente a sus familias durante semanas. Esta ha sido una causa importante de estrés y preocupación para las personas en cuarentena que muchas autoridades no han abordado adecuadamente”, detalló el informe.
LAS FUERZAS ARMADAS
El 10 de marzo, Paraguay declaró una cuarentena nacional y el 16 de marzo cerró parcialmente sus fronteras internacionales. El Gobierno estableció el Centro de Coordinación Interinstitucional de apoyo al Ministerio de Salud, dentro del Consejo de la Defensa Nacional.
Asimismo, las autoridades establecieron cuatro categorías de personas que podían ser sometidas a cuarentena bajo custodia estatal: las que querían dejar voluntariamente a su familia, las que no podían autoaislarse en su domicilio debido a la vulnerabilidad a la infección, las acusadas de infringir el confinamiento obligatorio y todas las personas que entrasen en el país.
A finales de mayo, habían establecido 84 centros de cuarentena, en su mayoría en depósitos y otros edificios de propiedad estatal como escuelas, en los que habían ingresado a 1.834 personas. A finales de junio, alrededor de 8.000 personas habían pasado por estos centros estatales u hoteles de salud. La mayoría eran trabajadores y trabajadoras migrantes jóvenes que habían regresado de las vecinas Brasil o Argentina.
Entre marzo y junio, el Ministerio del Interior desplegó a 24.000 agentes de policía y al menos a 3.000 efectivos militares para, entre otras cosas, hacer cumplir el confinamiento y patrullar las fronteras.
“Aunque las fuerzas armadas pueden proporcionar un valioso apoyo en épocas de emergencia, cuando se usa la logística militar para establecer instalaciones hospitalarias temporales, depender de ellas para llevar a cabo tareas de aplicación de la ley no suele ser adecuado, pues no están entrenadas ni equipadas para responder a este tipo de situaciones, tan diferentes. Las fuerzas armadas deben ser desplegadas únicamente en situaciones excepcionales y temporales, sobre la base de necesidades claramente articuladas, y estar sometidas al mando, control y supervisión civiles”, destacó el informe de Amnistía Internacional.
Finalmente, el doctor Torras afirmó que como institución, las Fuerzas Armadas se comportaron de forma excelente con respecto a los albergues, “pero siempre hay personas que descomponen el buen trabajo”, concluyó.
