La Comisión Bicameral de Investigación del Proyecto, presentó su informe ante el Congreso. Coinciden que existieron falencias desde un principio y que los reclamos de Mota Engil, de US$ 25 millones al Estado Paraguayo no tienen fundamento.
El fallido Proyecto Metrobús, de la era del expresidente Horacio Cartes y del ex ministro de Obras, Ramón Jiménez Gaona, sigue sin resolverse y las denuncias por aclarar esta cuestión que causó pérdidas de entre 30 y 50 millones de dólares al Estado, están cajoneadas desde hace dos años en la fiscalía.
Sin embargo, la Comisión Bicameral de Investigación del Proyecto Metrobús, que fue conformada para investigar el caso, terminó su estudio ayer y los integrantes remitieron sus respectivos informes a los presidentes de ambas Cámaras del Congreso Nacional, Pedro Alliana de diputados y Óscar Salmón de senadores, a fin de dar a conocer las falencias que existieron en el desarrollo de la obra.
“Por lo menos de nuestra parte presentamos un trabajo objetivo, se llamó a declarar a demasiadas personas. Esto tenía un acuerdo interinstitucional de tres municipios; Asunción, Fernando de La Mora y San Lorenzo, hemos notado que el desarrollo de la zanja técnica fue uno de los componentes más importantes y delicados de esta decisión porque generó muchos conflictos con los frentistas. Quiero resaltar que hubieron muchas falencias administrativas, me hubiese gustado tener el informe de la Contraloría porque ellos tienen lo que nosotros no tenemos realmente, el informe técnico especializado donde se pueden estudiar números y cosas importantes”, expresó el integrante de la Comisión, el senador Enrique Bacchetta.
Resaltó además que la empresa contratista Mota Engil, desde un principio demostró que no contaba con la infraestructura necesaria para llevar adelante semejante proyecto. También manifestó que el estudio de más de 500 hojas, puede ser de mucha utilidad para el Ministerio Público. Por otra parte, cuestionó la falta de apoyo del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), en la provisión de documentos.
“Este trabajo puede ser de mucha utilidad, ahora tenemos además una realidad que el BID no nos prestó la debida atención ni importancia en ningún momento. No nos facilitaron la información ni documentaciones que pedimos, evidentemente que el BID siempre estuvo al tanto, de todas las decisiones tomadas por el MOPC porque desde el momento que se autorizó la zanja técnica, también se autorizó el pago de 8 millones de dólares para los frentistas”, manifestó Bacchetta.
En otra parte de su exposición, el legislador aseguró que la demanda de Mota Engil que solicita al estado paraguayo el desembolso de US$ 25 millones y que se encuentra en instancia internacional, no tiene fundamento.
LAS DENUNCIAS POR EL CASO
El Ministerio Público cuenta con dos denuncias desde hace más de 2 años sobre el fallido proyecto, que fueron convertidas en una sola causa, pero que hasta ahora no avanza. La causa, está en manos de la fiscala, Esmilda Álvarez.
La primera denuncia fue prestada en el 2018 por el Ing. Hernán Pankow, contra el entonces ministro de Obras, Ramón Jiménez Gaona, también contra María Benítez Morinigo, quien se desempeñaba como viceministra de finanzas del MOPC y el ex titular del BID en el país, Eduardo Almeida, por lesión de confianza. La denuncia también incluyó al ex jefe de gabinete del MOPC, Esteban Saarubbi por enriquecimiento ilícito y a Guillermo Alcaráz por usurpación de funciones públicas.
Por su parte, en enero del año pasado, el Senador Enrique Salyn Buzarquis, presentó otra denuncia contra Jiménez Gaona, por lesión de confianza y estafa, tras el perjuicio que causó la fallida obra. Ambos casos, nunca avanzaron.
