El diputado Carlos Núñez Salinas (ANR), presentó la semana pasada un proyecto de ley que plantea modificar el artículo 28 de la Ley N° 3.966/10 “Orgánica Municipal”, con la intención de evitar la retención de salarios a los concejales por parte del jefe comunal.
El legislador propone incluir en el mencionado artículo de la normativa actual que “en ningún caso la dieta mensual o cualquier otro ingreso que le corresponda a los concejales, sufrirá descuento, dilación o falta de pago injustificados”.
El proyecto también menciona para este fin el Intendente Municipal será el encargado de velar por la no discriminación en los pagos mencionados, en caso de verificarse tal discriminación, el Ministerio de Hacienda procederá a retener los Royalties provenientes de las Entidades Binacionales que transfiere al municipio afectado mientras se mantenga esta situación irregular.
Según la exposición de motivos, la iniciativa legislativa busca resolver un problema de muy larga data en las municipalidades del país, referente a la presión que ejerce el intendente municipal sobre las opiniones vertidas por los concejales municipales en el ejercicio de sus funciones o, por la no aprobación de balances.
“Esta presión, normalmente, se materializa a través del pago a destiempo o con excesivo retraso de las dietas a los concejales “rebeldes” u “opositores”, a la gestión del Ejecutivo municipal, que muchas veces logra su objetivo, eliminando todo tipo de control que puedan ejercer las juntas municipales sobre la ejecución del presupuesto municipal”, expresa parte del documento presentado por Núñez Salinas.
Alega que los concejales municipales deberían tener las manos completamente desatadas para revisar la ejecución del presupuesto municipal y controlar la calidad del gasto, lo cual no se consigue si el Ejecutivo municipal ejerce presión de algún tipo y, más aún, a través del no pago de dietas.
Es importante mencionar que artículo 28 se refiere a la forma de liquidación de las dietas que los miembros de las juntas municipales perciben en forma mensual y la que es prevista para cada ejercicio presupuestario.
Según el parlamentario perteneciente a la ANR, “si se pretende mejorar la calidad del gasto y la reducción de la corrupción en el ámbito municipal este tipo de iniciativas es el camino, más aún en la presente coyuntura donde día tras día surgen denuncias de posibles hechos de corrupción en la gestión municipal, debemos de revisar si los órganos de control funcionan como deberían o tienen barreras como la que describimos para su normal funcionamiento”, señaló.
Cabe indicar que los miembros de las Juntas Municipales perciben una dieta mensual de alrededor de G. 13 millones, es decir, unos seis salarios mínimos.
